La reciente huelga general ha provocado una notable división política entre los aliados del Gobierno. Varias fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos y ERC, han exigido formalmente la destitución y dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de las contundentes intervenciones policiales y los incidentes ocurridos durante las manifestaciones.
Desde Sumar, por ejemplo, han calificado como inaceptable el comportamiento de los agentes contra manifestantes pacíficos, señalando que este tipo de operativos generales debe conllevar responsabilidades políticas directas. Las críticas se intensificaron tras difundirse un balance provisional que informa de más de cien detenidos y numerosos enfrentamientos en ciudades principales como Madrid y Barcelona, donde las tensiones aumentaron al concluir las marchas.
Interior inicia una investigación y prohíbe el uso de gas lacrimógeno
Frente a la presión ejercida por sus socios parlamentarios y al impacto generado por las imágenes de la actuación policial, el Ministerio del Interior ha tomado medidas. Por un lado, ha dispuesto una investigación interna específica —separada de los controles habituales de la Policía Nacional— para esclarecer lo ocurrido. Por otro, con el fin de reducir tensiones, ha establecido una prohibición expresa sobre la utilización futura de gas lacrimógeno en los controles de manifestaciones.
Aunque los socios del Gobierno reclaman su dimisión, el núcleo ejecutivo ha descartado la salida de Grande-Marlaska, respaldando su gestión global en una jornada considerada compleja, lo que representa un nuevo desafío para la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Ejecutivo.
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Desde Sumar, por ejemplo, han calificado como inaceptable el comportamiento de los agentes contra manifestantes pacíficos, señalando que este tipo de operativos generales debe conllevar responsabilidades políticas directas. Las críticas se intensificaron tras difundirse un balance provisional que informa de más de cien detenidos y numerosos enfrentamientos en ciudades principales como Madrid y Barcelona, donde las tensiones aumentaron al concluir las marchas.
Interior inicia una investigación y prohíbe el uso de gas lacrimógeno
Frente a la presión ejercida por sus socios parlamentarios y al impacto generado por las imágenes de la actuación policial, el Ministerio del Interior ha tomado medidas. Por un lado, ha dispuesto una investigación interna específica —separada de los controles habituales de la Policía Nacional— para esclarecer lo ocurrido. Por otro, con el fin de reducir tensiones, ha establecido una prohibición expresa sobre la utilización futura de gas lacrimógeno en los controles de manifestaciones.
Aunque los socios del Gobierno reclaman su dimisión, el núcleo ejecutivo ha descartado la salida de Grande-Marlaska, respaldando su gestión global en una jornada considerada compleja, lo que representa un nuevo desafío para la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Ejecutivo.
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La reciente huelga general ha provocado una notable división política entre los aliados del Gobierno. Varias fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos y ERC, han exigido formalmente la destitución y dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de las contundentes intervenciones policiales y los incidentes ocurridos durante las manifestaciones.
Desde Sumar, por ejemplo, han calificado como inaceptable el comportamiento de los agentes contra manifestantes pacíficos, señalando que este tipo de operativos generales debe conllevar responsabilidades políticas directas. Las críticas se intensificaron tras difundirse un balance provisional que informa de más de cien detenidos y numerosos enfrentamientos en ciudades principales como Madrid y Barcelona, donde las tensiones aumentaron al concluir las marchas.
Interior inicia una investigación y prohíbe el uso de gas lacrimógeno
Frente a la presión ejercida por sus socios parlamentarios y al impacto generado por las imágenes de la actuación policial, el Ministerio del Interior ha tomado medidas. Por un lado, ha dispuesto una investigación interna específica —separada de los controles habituales de la Policía Nacional— para esclarecer lo ocurrido. Por otro, con el fin de reducir tensiones, ha establecido una prohibición expresa sobre la utilización futura de gas lacrimógeno en los controles de manifestaciones.
Aunque los socios del Gobierno reclaman su dimisión, el núcleo ejecutivo ha descartado la salida de Grande-Marlaska, respaldando su gestión global en una jornada considerada compleja, lo que representa un nuevo desafío para la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Ejecutivo.
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Desde Sumar, por ejemplo, han calificado como inaceptable el comportamiento de los agentes contra manifestantes pacíficos, señalando que este tipo de operativos generales debe conllevar responsabilidades políticas directas. Las críticas se intensificaron tras difundirse un balance provisional que informa de más de cien detenidos y numerosos enfrentamientos en ciudades principales como Madrid y Barcelona, donde las tensiones aumentaron al concluir las marchas.
Interior inicia una investigación y prohíbe el uso de gas lacrimógeno
Frente a la presión ejercida por sus socios parlamentarios y al impacto generado por las imágenes de la actuación policial, el Ministerio del Interior ha tomado medidas. Por un lado, ha dispuesto una investigación interna específica —separada de los controles habituales de la Policía Nacional— para esclarecer lo ocurrido. Por otro, con el fin de reducir tensiones, ha establecido una prohibición expresa sobre la utilización futura de gas lacrimógeno en los controles de manifestaciones.
Aunque los socios del Gobierno reclaman su dimisión, el núcleo ejecutivo ha descartado la salida de Grande-Marlaska, respaldando su gestión global en una jornada considerada compleja, lo que representa un nuevo desafío para la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Ejecutivo.
