La Diputación Permanente del Congreso tiene previsto votar este jueves dos decretos ley relacionados con la vivienda, en la jornada siguiente a la huelga general motivada principalmente por la crisis habitacional y justo antes del inicio oficial de la campaña electoral. La votación abordará dos documentos aprobados por el Gobierno el 6 de octubre, posteriormente al desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
El decreto que podría salir adelante contiene medidas como la protección frente a desahucios para familias en situación vulnerable sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de corta duración y por habitaciones, la extensión de los contratos de alquiler por dos años para aquellos que finalicen antes de 2029, y límites en la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.
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Apoyos y rechazo en la votación
El Gobierno dispone del respaldo necesario para aprobar este decreto, aunque por un margen de un solo voto. En la Diputación Permanente, el grupo conformado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos acumula 35 votos, frente a los 34 votos en contra de PP, Vox y Junts. El PNV juega un papel clave, apoyando el decreto más amplio y oponiéndose al que impone indemnizaciones a los inquilinos.
El segundo decreto, que no cuenta con mayoría para ser ratificado, impone la obligación al propietario de compensar al inquilino si se rompe el contrato de alquiler en los casos previstos en el texto. Este decreto, presentado por el ministro Bustinduy, se enfoca en la renovación automática de contratos impulsada por Sumar y el movimiento por la vivienda.
Aspectos de los decretos de vivienda
El decreto con opción a aprobación incluye préstamos ICO de hasta 50.000 euros para adquirir la primera vivienda y establece límites frente a los fondos ‘buitre’. Además, se establece la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. En contraste, el decreto más controvertido, que no será convalidado, plantea prórrogas automáticas de cinco o siete años para contratos de alquiler de vivienda habitual, con una indemnización del equivalente a doce mensualidades si el arrendador decide no renovar, salvo ciertos casos excepcionales.
La votación se da en un ambiente político tenso, atento al inicio de la campaña electoral y con la crisis de la vivienda como uno de los temas principales en discusión. El PP ha expresado su intención de derogar estos decretos en caso de resultar ganador en las elecciones del 29 de noviembre.
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