El Ejecutivo ha decidido revertir su planteamiento de soporte institucional y económico a Openchip & Software Technologies, la firma tecnológica promovida como un proyecto clave de microelectrónica y diseño de semiconductores en España. Esta resolución llega luego de varios meses de debate político y mediático acerca de la asignación de recursos públicos y las relaciones corporativas de la empresa.
La atención sobre Openchip creció a finales de 2024 tras darse a conocer la incorporación de Therese Jamaa —pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— como vicepresidenta de alianzas estratégicas de la empresa, una acción que coincidió con la entrega de más de 100 millones de euros provenientes de fondos europeos gestionados por el Gobierno. A esta financiación pública se añadió más tarde el apoyo de la Generalitat de Cataluña durante el liderazgo de Salvador Illa, que en la primavera de 2026 aprobó la concesión de un préstamo de 25 millones de euros a la empresa, pese a las críticas de la oposición debido a la ausencia de recusación del ministro en las discusiones del Consejo de Ministros y a la limitada facturación inicial de la compañía.
Con esta medida, el Gobierno detiene los planes previstos para afianzar a Openchip como uno de los referentes tecnológicos en el sector de semiconductores en España, en un contexto marcado por el escrutinio de los métodos de adjudicación y las conexiones políticas que han acompañado desde sus comienzos el desarrollo de la empresa.
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Con esta medida, el Gobierno detiene los planes previstos para afianzar a Openchip como uno de los referentes tecnológicos en el sector de semiconductores en España, en un contexto marcado por el escrutinio de los métodos de adjudicación y las conexiones políticas que han acompañado desde sus comienzos el desarrollo de la empresa.
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La atención sobre Openchip creció a finales de 2024 tras darse a conocer la incorporación de Therese Jamaa —pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— como vicepresidenta de alianzas estratégicas de la empresa, una acción que coincidió con la entrega de más de 100 millones de euros provenientes de fondos europeos gestionados por el Gobierno. A esta financiación pública se añadió más tarde el apoyo de la Generalitat de Cataluña durante el liderazgo de Salvador Illa, que en la primavera de 2026 aprobó la concesión de un préstamo de 25 millones de euros a la empresa, pese a las críticas de la oposición debido a la ausencia de recusación del ministro en las discusiones del Consejo de Ministros y a la limitada facturación inicial de la compañía.
Con esta medida, el Gobierno detiene los planes previstos para afianzar a Openchip como uno de los referentes tecnológicos en el sector de semiconductores en España, en un contexto marcado por el escrutinio de los métodos de adjudicación y las conexiones políticas que han acompañado desde sus comienzos el desarrollo de la empresa.
