La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha tomado la iniciativa judicialmente al presentar un recurso de apelación contra la decisión de la Audiencia Nacional que aplicó la Ley de Amnistía a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de delitos relacionados con el terrorismo. El grupo de víctimas ha solicitado formalmente que se revoque el archivo del caso y que se lleve a cabo un juicio oral contra los implicados, sosteniendo que la falta de un atentado consumado con consecuencias trágicas no elimina automáticamente la gravedad penal de estas acciones ni su relevancia conforme a la directiva comunitaria.
En el documento presentado ante el tribunal, la acusación particular argumenta que el hecho de que los planes operativos de los investigados no se hayan completado no desvanece la naturaleza de las conductas ni la amenaza potencial sobre los derechos humanos. Por esta razón, Acvot pide a los jueces un análisis detallado individual de las acciones de cada uno de los doce acusados para clarificar el propósito verdadero de sus maniobras, el contexto de su planificación y su posible encaje en los delitos excluidos por la normativa europea.
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Interpretación de la directiva europea y postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
El recurso presentado por la asociación de víctimas destaca una supuesta interpretación incorrecta de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La entidad aclara que, aunque el marco jurídico comunitario contempla la extinción de responsabilidad penal en ciertos casos vinculados al proceso independentista en Cataluña, excluye expresamente aquellos actos de naturaleza terrorista que hayan intentado o causado violaciones graves a los derechos fundamentales.
Desde Acvot hacen hincapié en que el tribunal de Luxemburgo nunca ha declarado que los hechos específicos estudiados en la Operación Judas puedan ser amnistiados automáticamente. Al contrario, subrayan que la justicia europea trasladó a la Audiencia Nacional la tarea de identificar cuáles de estos actos terroristas deben quedar excluidos de la amnistía general debido a su inherente peligrosidad.
Solicitan vista oral para esclarecer responsabilidades de los 12 investigados
Con esta acción legal, la representación de las víctimas pretende impedir que el caso se cierre sin la práctica de pruebas en juicio. La asociación recalca que el juicio oral es el espacio adecuado para valorar el uso de materiales explosivos y las conductas de sabotaje atribuidas previamente a los miembros de los CDR.
Este recurso marca un nuevo momento en la aplicación judicial de la amnistía, obligando a la Sala de lo Penal a definir los límites legales en relación con los delitos terroristas y las obligaciones de protección a las víctimas establecidas por las instituciones europeas.
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