La ONG Women’s Link ha presentado una comunicación urgente ante seis mecanismos del organismo internacional debido al temor de represalias y defiende la competencia de los tribunales españoles.
El proceso judicial derivado de las denuncias realizadas por dos antiguas empleadas del cantante Julio Iglesias ha trascendido al ámbito internacional. La entidad sin fines de lucro Women’s Link ha presentado una comunicación urgente ante seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando su implicación en el asunto y manifestando un «fundado temor a represalias» hacia las denunciante y sus familias, relacionadas con la causa abierta por supuestos abusos ocurridos en 2021 en las residencias del artista ubicadas en Bahamas y República Dominicana.
La acción ante la ONU coincide con la querella presentada el pasado 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en España. Anteriormente, en enero de 2026, las extrabajadoras presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue archivada semanas después tras considerarse que los tribunales españoles no tenían jurisdicción territorial para investigar hechos sucedidos fuera del país. Mientras tanto, la defensa del cantante, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, ha reiterado la inexistencia de jurisdicción española en el caso.
En el escrito dirigido a relatores especiales de la ONU sobre violencia contra la mujer, esclavitud contemporánea y discriminación, la ONG muestra una profunda preocupación ante la posible falta de cumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones investigadoras. Asimismo, solicita a los expertos internacionales que requieran al Gobierno información sobre las medidas que adoptará para garantizar una protección efectiva a las denunciantes —identificadas como Rebeca y Laura— destacando el desequilibrio generado por la posición económica y social del acusado.
Desde la defensa legal de las trabajadoras se señala la existencia de deficiencias estructurales que dificultan el acceso a la justicia para mujeres migrantes dedicadas al servicio doméstico, subrayando que los factores de vulnerabilidad social no deben constituir una barrera administrativa. El texto dirigido al organismo internacional cita precedentes en los que España fue advertida por su falta de diligencia en la investigación de violaciones de derechos humanos, entre ellos la resolución del Comité CEDAW en 2014 por el ‘caso Ángela González Carreño’ y la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en octubre de 2024 relativa al ‘caso T.V. c. España’.
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