El Gobierno español se encuentra en una carrera contrarreloj para asegurar la aprobación del paquete fiscal en el Congreso. Este conjunto de medidas, acordado entre el PSOE y Sumar, incluye una subida del IRPF para las rentas más altas y la continuidad de los impuestos a la banca y las energéticas. Sin embargo, la votación sigue en el aire debido a las diferencias entre los socios del Gobierno.
Durante la Comisión de Hacienda celebrada este lunes, las posturas de los partidos aliados permanecieron divididas. Mientras ERC, EH Bildu y BNG apoyan mantener el impuesto a las eléctricas, Junts y el PNV se oponen. En un intento por acercar posiciones, el Gobierno ha propuesto prorrogar el tributo a las energéticas por un año más mediante decreto-ley, y eximir a las empresas que inviertan en descarbonización.
Podemos, por su parte, ha manifestado que solo respaldará la reforma si se garantiza el mantenimiento del impuesto a las energéticas. La líder de Podemos, Ione Belarra, criticó el acuerdo con Junts, calificándolo de «tomadura de pelo» y acusó al PSOE de engañar a los grupos parlamentarios. Podemos exige garantías de que Junts apoyará conservar el tributo, advirtiendo que podrían abstenerse o votar en contra si no se cumplen sus condiciones.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, expresó su confianza en que el paquete fiscal será aprobado, destacando la importancia de un sistema fiscal progresivo. Sin embargo, las tensiones entre ERC y Junts persisten, especialmente en torno al impuesto a las energéticas, que Junts considera un riesgo para inversiones significativas en Cataluña.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó la importancia de la reforma fiscal para asegurar fondos europeos esenciales. Advirtió que la aprobación del tipo mínimo para grandes empresas es una directiva europea obligatoria, de la cual dependen 7.200 millones de euros en ayudas.
En el contexto de la sesión de control, el PP criticó la reforma, acusando al Gobierno de querer aumentar los impuestos. Montero defendió la necesidad de estos impuestos para garantizar servicios públicos y combatir el fraude fiscal.
El paquete fiscal también incluye un aumento del IVA al 21% para pisos turísticos y un gravamen a los seguros sanitarios, medidas que se debatirán nuevamente en el Pleno del jueves. Hasta entonces, las negociaciones continúan intensamente en los pasillos del Congreso.
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