La expresidenta de Argentina apelará ante la Corte Suprema, la última instancia judicial que podría revertir su sentencia.
Cristina Kirchner enfrenta otro revés en su extensa batalla judicial. La Cámara de Casación penal argentina, una instancia de apelación, confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción contra la exmandataria. La defensa de Kirchner recurrirá ahora a la Corte Suprema, que podría demorar años en dar un veredicto final. Hasta entonces, la líder peronista continuará en libertad y activa políticamente. De hecho, el próximo 17 de noviembre asumirá la presidencia del Partido Justicialista, con la misión de fortalecer a la principal fuerza de oposición al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de 2025.
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Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 en la llamada “Causa Vialidad”, en la que se la acusa de haber mantenido durante sus dos mandatos presidenciales una relación irregular con el empresario Lázaro Báez, beneficiado con contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según los jueces, Báez obtuvo nueve de cada diez licitaciones en la región, con más de la mitad de las obras sin concluir pese a haber sido pagadas. La relación entre Kirchner y Báez, apuntaron los magistrados, se prolongó desde el gobierno de su esposo, Néstor Kirchner, quien asumió la presidencia en 2003.
El fallo detalla que los negocios entre ambos incluyeron compraventas de inmuebles, fideicomisos y préstamos de dinero, operaciones que, según los jueces, crecieron en paralelo a la adjudicación de contratos públicos. El perjuicio económico calculado alcanza los 84.800 millones de pesos, equivalentes a unos 84 millones de dólares actuales.
Este miércoles, Kirchner no asistió a la lectura del fallo en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Optó, en cambio, por participar en un acto de mujeres en el distrito de Moreno, en las afueras de la capital. El día anterior, la expresidenta ya había anticipado que su apelación sería rechazada. Convencida de que su caso es un ejemplo de “lawfare” —la judicialización de la política para desarticular a los opositores—, Kirchner declaró que el objetivo real de su persecución es “proscribirla de por vida”, inhabilitándola para cualquier cargo público. En sus redes sociales, denunció la intencionalidad política detrás de la sentencia.
Si bien Kirchner renunció a postularse a cargos públicos en 2021, la ratificación de su condena coincide con sus planes de reordenar el peronismo. Su primer desafío es asegurar la disciplina partidaria entre legisladores que han mostrado apoyo al presidente Milei. Sin embargo, su proyecto enfrenta resistencia por parte de los gobernadores peronistas, quienes cuestionan el estilo centralista que ella promueve. El senador José Mayans, cercano a Kirchner, anunció esta semana el inicio de “un camino para recuperar el gobierno nacional”. La primera meta es fortalecer la posición de la oposición y evitar que Milei aumente su base en el Congreso en las elecciones de 2025.
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