Si el Ejecutivo solicitó a una directora general apartarse, debe ejercer el mismo rigor con su asesor
La polémica surgida en torno al listado de admitidos de Servilimpce ha centrado la atención en diversos nombres. No obstante, uno de ellos ha pasado casi desapercibido en el debate público: Javier Sánchez París Contreras, asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Ceuta.
Este dato no es insignificante. Sánchez París Contreras es ahijado del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Además, su padre desempeñó durante años el cargo de jefe de gabinete del propio Vivas. La familia ha tenido una presencia constante en las estructuras políticas e institucionales de Ceuta a lo largo de varias legislaturas, algo conocido por quienes siguen la vida pública local.
Existe también una percepción compartida por numerosos ceutíes: la familia Sánchez París ha mantenido durante casi dos décadas una relación especialmente cercana con los gobiernos encabezados por Juan Vivas. Es frecuente recordar la incorporación de distintos miembros de esta familia a la administración pública poco después de su llegada a Ceuta, así como la participación de empresas relacionadas con su entorno en contratos adjudicados por la Ciudad Autónoma en los últimos años. Más allá de la legalidad de cada procedimiento, responsabilidad que recae en los órganos competentes, resulta evidente que esta situación ha generado un debate público sobre la influencia de ciertas familias en la política e instituciones de la ciudad.
Nadie cuestiona su derecho a participar en un proceso selectivo, ya que la ley le protege como a cualquier ciudadano. Sin embargo, la cuestión no es jurídica, sino de ejemplaridad y de percepción institucional. Bajo este enfoque, la situación de Sánchez París Contreras resulta difícil de justificar.
El Gobierno de Vivas ha defendido en diversas ocasiones su compromiso con la transparencia y la buena gestión pública. De hecho, cuando las circunstancias lo exigieron, solicitó a una directora general que se apartara en favor de esa ejemplaridad, presentándolo como una demostración de coherencia institucional. Por ello, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se aplica el mismo criterio ahora, cuando el implicado es el asesor de su propio gabinete y ahijado del presidente?
En una ciudad tan pequeña como Ceuta, donde las redes familiares, empresariales y políticas son ampliamente conocidas, la ciudadanía tiene derecho a esperar que las instituciones mantengan el mismo nivel de exigencia hacia todos, independientemente de su cercanía al poder. Que ciertos apellidos estén ligados a la administración, a contratos públicos o a círculos de influencia política durante años es una realidad que genera dudas y afecta la confianza pública, aunque todas las gestiones hayan sido formalmente legales.
El Gobierno de Ceuta tiene ahora la oportunidad de demostrar que la ejemplaridad que exigió entonces no fue un acto de conveniencia política, sino un principio sincero. Para ello, debería solicitar a Javier Sánchez París Contreras que se aparte del proceso, tal como ocurrió con la directora general. No actuar en consecuencia transmitiría un mensaje claro a la ciudadanía: que en esta ciudad existen dos criterios distintos, uno para los externos y otro para quienes forman parte del círculo de confianza presidencial.
Los ceutíes merecen algo más que discursos sobre transparencia; merecen que se implemente sin excepciones ni privilegios.
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