MADRID | En un contexto de creciente presión policial en las costas de España, la justicia advierte sobre la crítica situación de saturación que atraviesa el sistema. Jueces y magistrados de primera instancia han comunicado a El País la preocupante escasez de recursos disponibles para gestionar las grandes causas relacionadas con el narcotráfico, señalando que sin un apoyo urgente, los retrasos procesales podrían facilitar que la impunidad prevalezca.
El fundamento es claro: las fuerzas de seguridad pueden incautar grandes cantidades, pero si los tribunales no pueden tramitar los casos con rapidez, el esfuerzo pierde eficacia. «La lucha contra el narcotráfico también debe sostenerse en los tribunales, y actualmente carecemos de los medios necesarios», indican fuentes del ámbito judicial.
El cuello de botella en el Estrecho y el sur peninsular
El análisis destaca especialmente los juzgados en el Campo de Gibraltar, Cádiz y la Costa del Sol, donde operan más de 600 narcolanchas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, lo que genera una carga de trabajo insoportable. Los jueces señalan:
- Insuficiencia de personal especializado: Es indispensable contar con un mayor número de fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios con formación en delitos económicos.
- Limitaciones tecnológicas: Existen obstáculos para procesar la extracción de información de dispositivos móviles encriptados y para manejar grandes bases de datos.
- Centros judiciales saturados: Los juzgados mixtos deben abordar casos de violencia de género o asuntos familiares junto con investigaciones complejas relacionadas con organizaciones internacionales.
Peligro de prescripción y libertad de líderes narcotraficantes
Una preocupación significativa expresada al medio es que los procesos puedan retrasarse hasta el punto en que los imputados sean liberados por el cumplimiento de los plazos máximos de prisión provisional o, en el peor escenario, por la prescripción de los delitos.
«No depende únicamente de los jueces, sino también de la disponibilidad de peritos en informática, traductores y espacios adecuados para custodiar las pruebas incautadas», detalla el informe. La complejidad de las redes actuales, que cuentan con estructuras financieras transnacionales, exige una justicia moderna que, según los expertos, aún no está implementada.
Petición dirigida al Ministerio de Justicia
La judicatura solicita al Ministerio una reforma estructural para establecer juzgados especializados en narcotráfico y crimen organizado en las áreas más afectadas. Subrayan que el trabajo policial resulta incompleto si el último eslabón, la condena judicial, se demora años debido a la congestión administrativa.
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