China ha expresado su firme oposición a la decisión de la Unión Europea de aplicar aranceles adicionales de hasta un 35,3% a los vehículos eléctricos importados desde el país asiático. Esta medida, que entra en vigor este miércoles, ha sido calificada por el Ministerio de Comercio chino como una muestra de proteccionismo.
En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China ha señalado que ha presentado un recurso ante el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según el comunicado, China seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.
El conflicto se remonta a agosto, cuando las autoridades chinas iniciaron un proceso de resolución de disputas ante la OMC, argumentando que la iniciativa de la UE infringía gravemente las normativas de dicho organismo y carecía de base objetiva y legal.
El portavoz de Comercio de China ha reiterado que la investigación antisubvenciones de la UE tiene muchos aspectos desproporcionados. Sin embargo, también ha manifestado la disposición de Pekín para seguir negociando y alcanzar una solución aceptable para ambas partes lo antes posible.
Actualmente, los equipos técnicos de ambas partes están llevando a cabo una nueva ronda de negociaciones, con la esperanza de resolver el conflicto a través del diálogo y la consulta.
Por otro lado, la Comisión Europea adoptó el reglamento para la imposición de estos aranceles, que afecta no solo a fabricantes chinos como SAIC, Geely y BYD, sino también a empresas occidentales que producen en China, como Tesla. La medida ha generado división entre los países miembros de la UE, aunque recibió el apoyo suficiente para ser aprobada.
En respuesta, China ha comenzado investigaciones sobre las importaciones de productos europeos como brandy, lácteos y carne de cerdo, lo que podría afectar significativamente a países como España, principal suministrador de estos productos a China.
La Comisión Europea ha indicado que podría suspender los aranceles si se llega a un acuerdo con China en los próximos cinco años, pero no los cancelaría, permitiendo reimponerlos sin necesidad de nueva aprobación si China incumple el acuerdo.
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