Según un informe pericial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil, el posible beneficio indirecto derivado del uso irregular de agua en una finca vinculada a la Casa de Alba, ubicada cerca del Parque Nacional de Doñana, asciende a 5,14 millones de euros. La causa está siendo investigada por un juzgado en Sanlúcar la Mayor.
El documento, al que ha accedido EFE, forma parte del proceso judicial abierto en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor dentro de la operación ‘Irrigatio’. El informe analiza económicamente el daño ambiental ocasionado por la extracción subterránea de agua en la finca Aljóbar, situada en el municipio sevillano de Aznalcázar.
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Cuantificación total alcanza hasta 6,27 millones de euros
El informe pericial indica que, además del beneficio indirecto, la valoración económica global vinculada a la posible extracción ilícita se sitúa entre 5,87 y 6,27 millones de euros. Destaca la importancia del acuífero afectado, que mantiene conexión hidráulica con el sistema Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, esenciales para el ecosistema de Doñana.
Con carácter técnico y ya validado judicialmente por sus autores, el estudio se elaboró tras una solicitud de la Fiscalía para desglosar el denominado “beneficio indirecto obtenido por el agricultor por cultivo y hectárea”, según informaron las fuentes del caso.
Para estimar los 5,14 millones de euros, los peritos multiplicaron la cantidad de fruta cosechada, principalmente cítricos irrigados entre 2014 y 2024, por su valor de mercado y descontaron los costos de producción aproximados al 25 %. También consideraron que desde 2021 algunas hectáreas de naranjos fueron reemplazadas por olivos, aplicando criterios conservadores en la evaluación.
Evaluación del daño ambiental
El informe descompone el impacto ecológico en tres elementos para medir el perjuicio al ecosistema:
- Valor del agua extraída, estimado entre 468.275 y 814.896 euros.
- Coste para la rehabilitación ambiental, calculado en 201.489 euros.
- Pérdida de servicios ecosistémicos, que corresponde al valor del agua que dejó de estar disponible para otras actividades, valorado entre 62.539 y 113.353 euros.
La suma total de estos conceptos implica un daño ambiental que oscila entre 732.304 y 1.129.739 euros. Al sumar esta cuantía al beneficio derivado del uso del agua, la valoración global se sitúa entre 5,87 y 6,24 millones de euros.
El documento advierte además que el acuífero presenta un índice de explotación del 0,91 % y ha sufrido un descenso considerable en sus niveles durante los últimos cinco años. Según la UCO de Medio Ambiente, esta situación ha provocado daños significativos al ecosistema, que podrían ser irreversibles y afectar negativamente a la conservación de especies y hábitats.
Progresos en la investigación judicial
En la fase de instrucción, el 18 de septiembre fue citado como investigado el representante legal de Eurotécnica Agraria, empresa responsable de la gestión de la finca. Esta sociedad tiene en su consejo a los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
El representante legal optó por no prestar declaración respecto a los pozos supuestamente sin autorización administrativa. Por otro lado, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, manifestó el 20 de febrero que se inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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