Las relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua enfrentan nuevamente una tensión significativa después de que el Gobierno de Pedro Sánchez expulsara al embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Carlo Gelli. Esta acción fue tomada en estricta reciprocidad a la expulsión del embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, quien llevaba menos de dos meses en funciones.
El Ejecutivo nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no ha ofrecido una explicación oficial sobre la expulsión del diplomático español ni sobre la retirada de la segunda jefatura de la delegación española en Managua. Como consecuencia, Nicaragua se queda sin representante diplomático en España por segunda vez en los últimos cuatro años.
Este nuevo incidente reactiva las tensiones que vienen arrastrando ambos países desde 2021, año en el que España expresó un firme rechazo ante la detención y encarcelamiento de líderes opositores y candidatos presidenciales previos a las elecciones del 7 de noviembre. Estas circunstancias generaron un intercambio de acusaciones que derivó en la ausencia temporal de embajadores en las capitales respectivas.
El 11 de agosto de 2021, el Gobierno español convocó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, luego de que la Cancillería nicaragüense difundiera un comunicado que, según Madrid, contenía falsedades graves sobre los procesos judiciales y electorales españoles. Más adelante, las autoridades de Nicaragua le prohibieron el regreso a la diplomática.
España rechazó enfáticamente el comunicado y pidió a Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como asegurar la participación política libre de sus ciudadanos. En respuesta, el Ministerio de Exteriores español solicitó explicaciones al entonces embajador nicaragüense en Madrid, Carlos Midence.
Pocas horas después, Managua ordenó la retirada de Midence, alegando presiones y amenazas consideradas injerencistas que impedían el desempeño adecuado de su función. Meses después, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó esta medida como una muestra más de la desatención del régimen de Ortega, destacando que la comunidad internacional considera fraudulentas las elecciones nicaragüenses de 2021, lo que motivó sanciones contra el gobierno.
En 2022, Nicaragua designó a Maurizio Carlo Gelli como su embajador en Madrid, mientras España intentaba sin éxito retornar a Fernández-Palacios a Managua. Finalmente, Pilar María Terrén fue acreditada como embajadora, hasta que fue sustituida por Sergio Farré Salvá en lo que se interpretó como un intento de normalizar las relaciones diplomáticas.
No obstante, la reciente expulsión del embajador español pone de manifiesto nuevamente la delicada situación de las relaciones bilaterales, en un contexto marcado por la prolongada crisis político-social en Nicaragua desde abril de 2018, que se agravó tras las polémicas elecciones en las que Ortega fue reelegido mientras sus principales opositores permanecían en prisión.
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