Este martes, el Congreso de los Diputados retoma su actividad con una sesión extraordinaria destinada a votar el decreto‑ley que contempla la subida de las pensiones. Esta votación representa una de las primeras confrontaciones políticas significativas del año para el Gobierno de Pedro Sánchez. De momento, el Ejecutivo carece de los apoyos necesarios para validar esta medida, lo que pone en riesgo la actualización de las pensiones antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
El decreto propone una actualización general de las pensiones del 2,7 % en 2026, con incrementos superiores para las pensiones mínimas (7 %) y las no contributivas (11,4 %). Además de esta mejora, la normativa incluye otras medidas sociales relevantes, como la extensión de la moratoria en los desahucios, la prohibición de la suspensión de suministros básicos a hogares en situación vulnerable y beneficios fiscales para pequeños autónomos afectados por la DANA y los incendios forestales.
Falta de apoyos definidos en el Congreso
El Partido Popular (PP) ha comunicado que votará en contra de la validación del decreto, señalando que el Gobierno ha unido distintas políticas en un solo paquete y que la subida de las pensiones debería tratarse por separado de otras medidas más controvertidas.
Por otro lado, Junts per Catalunya (Junts) no ha confirmado su respaldo: aunque no ha expresado un “no” definitivo, su simple abstención no bastaría para aprobar el decreto. Este grupo ha presentado una propuesta de ley independiente para proteger el poder adquisitivo de las pensiones, y según fuentes parlamentarias, no planea apoyar la propuesta gubernamental.
Ambos partidos han solicitado al Ejecutivo que permita tramitar sus iniciativas de manera separada para abordar las dificultades de forma más eficaz, según declaraciones de dirigentes del PP que critican el uso del decreto como instrumento para intercambios políticos.
Otras normas sometidas a votación
Además del decreto sobre pensiones, en el pleno extraordinario se votará otra normativa que prolonga las ayudas al transporte público. En este caso, Junts ha anunciado que votará en contra, mientras que el PP mantiene que los recursos deberían destinarse a infraestructuras, especialmente para el mantenimiento de las vías. Unidas Podemos tampoco apoya el decreto, argumentando que el transporte público debería ser “totalmente gratuito”.
El PSOE y su socio de coalición, Sumar, defienden la integridad de ambos decretos y rechazan su fragmentación para facilitar su aprobación parcial. Sumar ha instado a quienes rechazan algunas medidas a explicar sus motivos ante la ciudadanía.
Reclamaciones respecto a la gestión ferroviaria
Simultáneamente, la Diputación Permanente del Congreso examinará y votará varias comparecencias, incluida la del ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con la gestión del sistema ferroviario tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como los problemas en la red de Rodalies. Partidos de la oposición como PP, Vox, Junts y ERC han pedido el cese del ministro y reiterarán sus exigencias de explicaciones en esta sesión.
También se decidirá si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en pleno a solicitud del PP para informar sobre la situación en Venezuela y la “escalada de casos de corrupción” vinculados a su partido y al Ejecutivo. La comparecencia de Sánchez para tratar los accidentes ferroviarios y otros asuntos internacionales está programada para el 11 de febrero ante el pleno del Congreso, descartándose su presencia esta semana en el Senado.
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