El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, compareció este lunes ante el Tribunal Supremo para rechazar las acusaciones de acoso por parte de dos europarlamentarios que abandonaron su grupo político, Se Acabó La Fiesta (SALF), atribuyendo estas denuncias a desencuentros políticos y a un cambio en los valores de sus excompañeros.
Alvise acudió al alto tribunal en relación con el cuarto procedimiento penal en su contra, presentado por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, que dejaron SALF después de denunciar acoso tras ser elegidos en conjunto en las elecciones europeas de 2024.
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Los demandantes ratificaron recientemente su acusación por revelación de secretos y acoso, señalando que Pérez difundió mensajes que generaron preocupación por su seguridad debido a la divulgación de datos sobre sus movimientos y localización.
De acuerdo con Guillermo Ruíz Blay, abogado de los denunciantes, Alvise negó haber acosado a sus antiguos compañeros, aunque admitió haber enviado mensajes que contenían términos como “apisonar la cabeza” o “perseguirles”, expresiones que, según el letrado, no coinciden con la versión proporcionada por el eurodiputado.
El líder de SALF respondió solamente a las preguntas formuladas por el juez y la Fiscalía, reconociendo haber sido el autor de dichos mensajes pero enmarcándolos dentro de un contexto político y considerando a sus excompañeros como amigos. También negó haber divulgado información personal de los querellantes.
Los eurodiputados solicitaron la aceptación de un audio fechado en 2024 que, según sostienen, contiene declaraciones con un tono considerablemente más amenazante y violento. Tras su declaración, Alvise no proporcionó detalles adicionales, mencionando el “carácter reservado” del procedimiento y aprovechó para presentar a la prensa su próximo libro, Devuélveme mi país, reiterando su convicción acerca de su inocencia.
Además, Alvise enfrenta otras tres causas en el Supremo, que incluyen presuntos delitos de falsedad e injurias vinculadas a la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, mensajes dirigidos contra la fiscal Susana Gisbert, y una investigación por supuesta financiación ilegal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionada con 100.000 euros recibidos para su campaña electoral.
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