El Tribunal Supremo ha decidido desestimar la querella presentada frente al magistrado Andrés Martínez Arrieta. Este juez preside el tribunal que condenó recientemente al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por divulgar información confidencial.
La denuncia fue realizada por el abogado y eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien señalaba que Martínez Arrieta informó sobre la sentencia durante un acto celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que participaron algunas de las acusaciones particulares del proceso judicial.
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El origen de la controversia fue que, pocos días antes del fallo, tres magistrados integrantes del tribunal que condenó a García Ortiz impartieron una charla en la sede de una de las organizaciones de las acusaciones, lo cual generó dudas sobre una posible influencia en el procedimiento.
Tras examinar la querella y el informe del Ministerio Fiscal, la Sala Especial del Tribunal Supremo concluyó que no existían indicios de delito. Así, se cierra la investigación sobre la posible responsabilidad de Martínez Arrieta en la difusión de detalles del veredicto.
El auto emitido por el tribunal destacó la importancia de preservar la confidencialidad en los procesos judiciales hasta la emisión del fallo oficial y subrayó la necesidad de evitar cualquier interferencia en la administración de justicia.
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y sancionado con una multa debido a su actuación relacionada con datos reservados. La querella contra Martínez Arrieta se presentó en un contexto de debate sobre el control de la información en casos de alto perfil.
Martínez Arrieta ha sido una figura relevante en diversos casos de gran repercusión pública y mediática. Su rol como presidente del tribunal que juzgó a García Ortiz le ha situado en el centro de una discusión sobre las limitaciones informativas en el ámbito judicial.
Con el rechazo de la querella, el Tribunal Supremo reafirma sus principios en cuanto a las garantías judiciales y la separación de poderes en España, procurando impedir que las decisiones judiciales sufran presiones externas o interferencias políticas.
