El conflicto en el Sáhara Occidental no solo evidencia tensiones en la región, sino que también afecta directamente a territorios españoles como Ceuta y Melilla. Más de cincuenta años después de la Marcha Verde y del Acuerdo de Madrid de 1975 —que marcó el fin de la administración española y el comienzo de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental— el pueblo saharaui continúa demandando su derecho a la autodeterminación. La ONU mantiene al territorio en la lista de territorios pendientes de descolonización mediante resoluciones como la 34/37 y la 35/19.
El desierto del Sáhara posee abundantes recursos minerales y estratégicos. En Bucraa se encuentran una de las mayores reservas mundiales de fosfatos, vitales para la agricultura a nivel global, y la zona cuenta con cuencas sedimentarias que podrían contener hidrocarburos. Marruecos controla más del 70 % de estos recursos y su dominio sobre el territorio incrementa esta ventaja. Además, la costa facilita el comercio con Europa y África, y proporciona acceso a pesquerías importantes por la influencia de la corriente fría de Canarias.
El proyecto político denominado ‘Gran Marruecos’, que combina nacionalismo, panarabismo e irredentismo, contempla la recuperación de territorios históricos que incluyen a España: Ceuta y Melilla, junto con amplias áreas del norte de África, forman parte de esta visión expansionista. Esto realza la importancia estratégica de Ceuta como enclave europeo en suelo africano, fundamental para controlar rutas comerciales y marítimas en el Mediterráneo occidental y el Atlántico.
Por su parte, el Frente Polisario ha declarado que no ha recibido ninguna “invitación oficial” para participar en negociaciones sobre el plan de autonomía que Marruecos ha propuesto, lo que refleja que el conflicto permanece vigente y la incertidumbre acerca del futuro tanto del Sáhara Occidental como de los enclaves españoles en esta zona continúa.
