El Senado de Brasil ha aprobado un proyecto de ley que pretende disminuir las condenas impuestas al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de cárcel por su implicación en un intento de golpe tras los comicios de 2022.
Dicho proyecto, que ya recibió luz verde en la Cámara de Diputados la semana previa, fue aprobado con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora queda pendiente de la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El trámite legislativo inició con la aprobación en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, donde contó con 17 votos a favor y 7 en contra. Posteriormente, la iniciativa fue sometida a votación en el pleno de la Cámara alta para su ratificación.
Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema por intento de derrocamiento del Estado democrático, podría abandonar el régimen cerrado en algo más de dos años. No obstante, después de ese periodo permanecería bajo un régimen de semi-libertad, con la obligación de pasar las noches y los fines de semana en prisión, según lo determine la Justicia.
A pesar de la aprobación, algunos legisladores expresaron preocupación porque la norma podría afectar sentencias ya emitidas por la Corte Suprema e incluso favorecer a otros condenados por delitos graves. En respuesta, durante el debate se incorporó una enmienda que limita los beneficiarios a quienes estuvieron implicados exclusivamente en actos golpistas posteriores a las elecciones.
El presidente Lula da Silva ha manifestado su intención de vetar el proyecto si recibe el texto, sosteniendo que Bolsonaro debe responder por su intento de desestabilizar la democracia en Brasil. El mandatario ha dejado claro que tomará una posición firme en caso de que el proyecto le sea remitido.
En caso de que Lula ejerza el veto, el Congreso Nacional tiene la potestad de revocar dicha decisión, lo que permitiría que la ley entre en vigor sin la firma presidencial. Esto representa un factor crucial en un contexto político especialmente polarizado.
El nuevo proyecto establece que no se podrán acumular las penas por dos de los delitos por los cuales fue condenado Bolsonaro: el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el golpe de Estado. En su lugar, se aplicará únicamente la pena más severa, correspondiente al golpe de Estado, con un máximo de doce años de prisión.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Brasil ha comenzado a dictar condenas severas contra otros involucrados en el complot golpista. Recientemente, se impusieron penas que van desde ocho hasta 26 años de cárcel a varios actores claves, incluyendo a un general retirado del Ejército y a altos funcionarios de seguridad.
Estos hechos reflejan una tensión profunda en la política brasileña, donde el camino hacia la justicia y la consolidación democrática continúa siendo complejo y marcado por incertidumbres. El desarrollo de esta legislación respecto a las penas de Bolsonaro y la respuesta del presidente Lula son elementos clave a seguir en este proceso en curso.
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