La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) han firmado este jueves un convenio que posibilitará la gestión compartida del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como impuesto de matriculación. Este pacto representa el primer acuerdo de cogestión fiscal entre la Generalitat y el Estado, resultado de los compromisos alcanzados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales celebrada en febrero.
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, detalló que la ATC tendrá acceso a los sistemas y aplicaciones informáticas de la AEAT, así como a la información correspondiente al territorio catalán, garantizando en todo momento la protección de datos. El proceso de implementación será gradual y la agencia catalana deberá proporcionar los recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para operar con las plataformas estatales.
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Para supervisar la ejecución, se conformará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento con representantes de ambas entidades. Aunque el impuesto seguirá siendo de titularidad estatal, tanto el Ejecutivo catalán como el Ministerio de Hacienda ven esta iniciativa como un proyecto piloto que ayudará a ajustar los procedimientos antes de avanzar hacia la gestión compartida de otros tributos, especialmente el IRPF a partir de 2028, conforme al acuerdo de investidura entre el president Salvador Illa y ERC.
En 2024, el impuesto de matriculación recaudó 136 millones de euros en Cataluña, fruto de 169.583 matriculaciones. Pese a su tamaño reducido, desde la Generalitat se destaca su importancia simbólica, ya que es la primera vez que la ATC podrá utilizar la plataforma de la AEAT, lo que representa un paso fundamental para generar confianza de cara a la futura administración del IRPF.
Romero explicó que en el próximo año un grupo limitado de trabajadores de la ATC comenzará a operar con los sistemas estatales después de recibir la capacitación adecuada. Para fortalecer la agencia catalana, se han creado 200 nuevas plazas. La meta a largo plazo es que la ATC pueda asumir funciones parciales del IRPF y avanzar hacia lo que la consellera definió como una auténtica “hacienda catalana”, siempre que se autoricen las modificaciones legales necesarias.
Adicionalmente, la vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió a presentar entre enero y febrero las bases de un nuevo modelo de financiación que permitirá a las comunidades recibir directamente la recaudación de los principales impuestos compartidos con el Estado, como el IVA, el IRPF y los impuestos especiales.
