Leire Díez, exmilitante del PSOE conocida como «la fontanera», junto con sus colaboradores, planeaba utilizar la empresa Servinabar —en la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán posee un 45%— para crear un grupo de influencia dentro de la Administración pública, de acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). La intención era acercarse a empresas cotizadas y competir, en teoría, con firmas de asuntos públicos como Acento. Esta información emerge mientras Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el socio de Cerdán, Antxon Alonso, están detenidos y serán presentados ante la justicia el sábado.
La UCO, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en la Audiencia Nacional, ha identificado a Servinabar como un elemento clave de esta nueva operación relacionada con el entorno socialista y el llamado «Caso Koldo».
Servinabar como eje comercial
Según la UCO, Servinabar pudo haber servido para que Santos Cerdán recibiera supuestas comisiones ilícitas de obra pública, alrededor del 2% de los contratos adjudicados, sin realizar trabajos efectivos. Al mismo tiempo, la denominada «trama de Leire» buscaba extender su influencia.
- Meta: Transformar la pequeña compañía navarra, cuyo socio es Antxon Alonso y donde Cerdán mantiene el 45% de participación según la UCO, en una entidad que asesorara a empresas interesadas en contratos con la Administración durante el gobierno de Pedro Sánchez.
- Modelo de lobby: Según fuentes consultadas, la idea era establecer una especie de «Acento sanchista», en referencia a la empresa de asuntos públicos fundada por el exministro socialista José Blanco y el exdiputado del PP Alfonso Alonso. El plan pretendía desplazar a Acento, vista como vinculada a una corriente socialista diferente de la que lidera Ferraz.
Contactos principales y lugar de reunión
La investigación de la UCO se centra en la red de contactos de los detenidos. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y contratado por Servinabar tras su salida del organismo público —donde percibió más de 200.000 euros en tres años—, juega un papel relevante.
- El inmueble clave: La Guardia Civil identificó un piso en la calle Diego de León, Madrid, como centro de operaciones donde se diseñaban las estrategias del grupo. Fernández alquilaba este inmueble, que se utilizaba para reuniones confidenciales.
- Supervisión de Cerdán: Leire Díez y Vicente Fernández asistían frecuentemente a estas reuniones, las cuales eran supervisadas personalmente por Santos Cerdán o, en su ausencia, se mantenía contacto telefónico con él. Para mayor discreción, los asistentes accedían al lugar por el garaje.
Una de las líneas de trabajo del grupo consistía en acercarse a empresas relevantes del IBEX 35 para ofrecer servicios de intermediación.
Función política: Indagar supuestas cloacas del Estado
Además de las actividades comerciales, el informe policial señala que Leire Díez tenía otro cometido: investigar las supuestas cloacas del Estado.
- Bajo el pretexto de preparar una obra de investigación periodística, Díez se reunió con empresarios, fiscales y magistrados para recopilar información comprometedora contra personas involucradas en casos que afectan al Gobierno y al PSOE, como el teniente coronel Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
- Díez colaboró con Javier Pérez Dolset, empresario investigado y considerado «víctima» del excomisario José Manuel Villarejo. Ambos intentaron desestabilizar procesos judiciales. Dolset, quien lidera una asociación de personas afectadas por Villarejo, entre ellos el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, visitó el piso de reuniones en Madrid.
En la actualidad, Díez y Dolset están siendo investigados en un juzgado de Madrid por cohecho y tráfico de influencias debido a maniobras contra la UCO y la Fiscalía. Los detenidos Díez, Fernández y Alonso serán presentados ante el juez Ismael Moreno el sábado por la mañana.
