La detención de Vicente Fernández Guerrero por supuestas irregularidades en contratos públicos ha aumentado la presión sobre el conglomerado empresarial estatal, la SEPI. El temor a verse implicados en procesos judiciales por el posible uso indebido de fondos públicos está paralizando dos de las operaciones más relevantes de la entidad: la aportación de capital en Talgo y el rescate pendiente de Duro Felguera, que ya sufrían retrasos debido al antecedente del Caso Air Europa.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) atraviesa una crisis de confianza que amenaza con bloquear sus decisiones estratégicas. Según fuentes próximas al organismo, tras la detención de Fernández, aumentó la cautela entre los directivos, quienes temen cometer un posible «mal uso de recursos públicos».
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Esta inquietud ya existía debido a causas judiciales anteriores, particularmente la abierta por el rescate a Air Europa durante la pandemia, pero la detención del exresponsable de la SEPI intensifica la incertidumbre y ralentiza los proyectos pendientes.
El caso Talgo: Oferta pública obligatoria y posible ayuda estatal
La incorporación de la SEPI al capital de Talgo es el ejemplo más destacado. La entidad pública ha asumido un compromiso de invertir 75 millones de euros (45 millones en capital y 30 en deuda convertible) para complementar la entrada de un grupo vasco liderado por Sidenor.
No obstante, esta operación presenta varios aspectos pendientes:
- Ayuda estatal: La Comisión Europea podría considerar la inversión pública en una empresa con resultados negativos como una ayuda de Estado ilícita.
- Oferta pública obligatoria: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe determinar si existe concertación entre la SEPI y el consorcio vasco, que adquirirá el 29,7% de Talgo, lo que podría obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de la firma ferroviaria.
Todo ello ocurre a pesar de que esta operación fue acordada anteriormente en una reunión en Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.
Duro Felguera, en riesgo de concurso de acreedores
La detención de Fernández también afecta la posible salvación de la empresa asturiana Duro Felguera. Aunque el Juzgado de Gijón aprobó un plan de reestructuración para evitar la quiebra, ocho acreedores han presentado impugnaciones que podrían llevar a la firma a concurso de acreedores.
El rol de la SEPI resulta crucial, pues la compañía requiere autorización de Bruselas para reducir los intereses asociados a los 120 millones de euros recibidos como ayuda durante la pandemia. Con la ampliación de los plazos de devolución hasta 2032, la carga financiera es insostenible y podría superar el capital principal del préstamo.
Esta medida de flexibilización también podría ser cuestionada judicialmente como un posible uso inapropiado de fondos públicos. La paralización de esta iniciativa por miedo a consecuencias legales implicaría, inevitablemente, la declaración de concurso de acreedores para Duro Felguera.
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