Hace apenas cinco días, la absolución de Vicente Fernández en el caso Aznalcóllar parecía cerrar una causa judicial que se había prolongado casi una década. No obstante, el ex presidente de la SEPI volvió a estar bajo el foco tras su detención este miércoles, junto a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, dentro de la investigación sobre una presunta red de comisionistas relacionada con el ex número tres socialista, Santos Cerdán.
Este arresto abre una línea de investigación que apunta directamente al núcleo orgánico del PSOE y pone en entredicho, por acción u omisión, el papel de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha sido su principal defensora política. Montero lo promovió durante la etapa de Susana Díaz en la Junta de Andalucía y luego lo nombró al frente de la SEPI cuando llegó al Gobierno de Pedro Sánchez.
Relaciones bajo sospecha
Aunque aún no se conocen los motivos específicos que llevaron a la Audiencia Nacional a ordenar su arresto, se sabe que entre 2021 y 2023 Fernández colaboró con Servinabar, una empresa vinculada a Cerdán y que supuestamente funcionaba como sociedad instrumental para la recepción de comisiones derivadas de contratos amañados. Desde su entorno siempre aseguraron que desconocía la relación de la empresa con la trama y rechazaron que Montero intercediera para facilitar su contratación.
Su paso por la administración pública fue rápido: interventor general de la Junta, presidente de la Agencia Andaluza de la Energía y finalmente al frente de la SEPI. Sin embargo, su implicación en el caso Aznalcóllar —relacionado con la adjudicación de una mina a Magtel— ya lo había salpicado, lo que llevó a su dimisión en 2019 tras ser formalmente investigado.
Un patrimonio en el punto de mira
Durante la comisión del Senado que explora la red de corrupción vinculada a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, el PP destacó el notable aumento del patrimonio de Fernández, valorado en al menos 10 millones de euros en propiedades localizadas en Sevilla, Madrid y Marbella. Entonces, el ex presidente de la SEPI ejerció su derecho a no declarar, amparado en su situación procesal por el caso Aznalcóllar.
También evitó pronunciarse sobre informaciones que le relacionaban como usuario de un piso en Madrid, arrendado por Servinabar, donde supuestamente se llevaban a cabo reuniones relacionadas con la trama y donde Leire Díez habría intentado intervenir en investigaciones policiales y judiciales.
Absolución en Aznalcóllar y un nuevo proceso judicial
El pasado viernes, la Audiencia de Sevilla absolvió a los 16 acusados en el caso Aznalcóllar, incluyendo a la empresa Magtel y a Vicente Fernández. Asimismo, la sentencia impuso a las acusaciones particulares el pago de costas por “connivencia” y por mantener una acusación “infundada”.
No obstante, esta resolución no ha evitado que Fernández vuelva a ser objeto de atención mediática debido a su posible implicación en la red de comisiones relacionada con Cerdán. Su detención implica un nuevo capítulo en la investigación que podría alcanzar a los niveles más altos del partido, generando una nueva presión sobre el Gobierno y el PSOE.
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