Se espera que la situación migratoria en Ceuta mejore en 2026 tras años de elevada presión, aunque el desafío en la frontera continúa. A mediados de noviembre, la Comisión Europea puso en marcha el “primer ciclo anual de gestión migratoria” dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en junio de 2024 y que será plenamente operativo a mediados de 2026.
Este acuerdo promueve una mayor solidaridad entre los Estados miembros, ya sea mediante apoyo económico o con la reubicación de migrantes. Además, complementa la reciente reforma de la Ley de Extranjería en España, que ha comenzado a mitigar la saturación en los centros de menores en zonas con mayor presión migratoria.
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La iniciativa llega en un contexto de disputa política: varias comunidades autónomas, encabezadas por el Partido Popular, acudieron al Tribunal Constitucional alegando una “invasión de competencias” por la obligación de acoger a menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias. No obstante, el 12 de noviembre la Comisión Europea reconoció a España, Italia, Grecia y Chipre como países “bajo presión migratoria”, lo que les permitirá acogerse a los mecanismos de apoyo previstos en el pacto.
Jordi Cañas, exdiputado europeo y miembro del grupo liberal Renew Europe, definió el acuerdo como “histórico” tras casi cuatro años de negociaciones. Señaló que, aunque representa un avance relevante, aún existe margen de mejora en el ámbito de la migración legal. Entre las medidas contempladas figuran el registro biométrico inmediato, procedimientos acelerados para casos con pocas posibilidades de asilo y la solidaridad obligatoria entre Estados miembros.
En Ceuta, estos mecanismos resultan especialmente importantes para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que tradicionalmente ha estado saturado, y para reducir los conflictos que surgen a la hora de reubicar migrantes en comunidades renuentes.
Sin embargo, persiste cierta incertidumbre sobre la implementación efectiva del acuerdo. A seis meses de que entre en vigor, no se han visto aún preparativos concretos en Ceuta, como la instalación de centros de “screening” fronterizo o la activación de sistemas biométricos, a diferencia de otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona.
Además, quedan por definirse asuntos clave en el Consejo de la UE, tales como el tamaño del contingente de solidaridad, la cuota por país y la distribución entre reubicaciones, fondos u otros tipos de apoyo. Según Cañas, el pacto también incluye acuerdos condicionales con países emisores, como Marruecos, para garantizar colaboración en retornos y asistencia.
Con estas herramientas, Ceuta podría experimentar una reducción significativa en la presión sobre sus centros de menores y una distribución más equilibrada de la carga migratoria, aunque continúa enfrentando retos inmediatos en la gestión de flujos irregulares.
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