La muerte del agente de la Policía Nacional Carlos, tras sufrir una agresión con una piedra mientras intentaba impedir un robo fuera de servicio en Vinalesa, ha causado una gran conmoción tanto en las fuerzas policiales como en la sociedad valenciana. Después de permanecer 17 días en estado de coma, el agente falleció, dejando un gran vacío en su círculo familiar y aumentando la demanda de medidas que aseguren la seguridad de los policías en las calles.
El sindicato Jupol, que representa a la mayoría de los policías nacionales, ha convocado una manifestación urgente el miércoles 3 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, ubicada en la Plaza del Temple, 1. Esta concentración tiene como objetivo homenajear a Carlos, denunciar el aumento de la violencia contra los agentes y exigir una respuesta inmediata de las autoridades.
“La pérdida de un policía nacional no puede considerarse solo un dato estadístico o una noticia más. Es una situación grave que requiere decisiones firmes y urgentes”, expresó Jupol en un comunicado oficial.
El sindicato indica que respetaron el periodo de duelo de la familia en los días posteriores al fallecimiento, y que la protesta se organiza ahora debido a la creciente cadena de incidentes violentos extremos contra policías. Según Jupol, estos episodios no son hechos puntuales, sino consecuencia de un incremento descontrolado de ataques en los últimos años, que incluyen emboscadas, agresiones con armas bélicas y agresiones físicas severas.
Aarón Rivero, secretario general de Jupol, afirmó: “Los policías nacionales no deseamos homenajes póstumos ni minutos de silencio. Lo que queremos es regresar con vida a nuestros hogares. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a quienes lo defienden, y esa responsabilidad se está incumpliendo diariamente”.
El sindicato también denuncia la ausencia de apoyo institucional, la normalización de insultos y amenazas, así como la insuficiente cobertura material y legal para los agentes. Según cifras oficiales, en 2024 se reportaron casi 17.000 agresiones contra policías nacionales y guardias civiles, una cifra récord que en muchas ocasiones no queda reflejada en reportes oficiales.
Jupol responsabiliza directamente al Ministerio del Interior por esta situación, criticando años de promesas incumplidas y la falta de reformas legales urgentes, y exige la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la carencia de medidas ha provocado una crisis en la seguridad que ya ha costado vidas.
La muerte de Carlos se produjo pocas horas después de que un senador declarara que los policías “debíamos asumir que nuestra profesión es de riesgo”, comentarios que Jupol calificó como “profundamente irrespetuosos y alejados de la realidad cotidiana de los agentes”.
El sindicato solicita la implementación inmediata de un conjunto de medidas que incluyen: el endurecimiento de las penas por agresiones a policías, la creación de agravantes penales específicas, campañas para reforzar el respeto a la autoridad, la dotación obligatoria de chalecos antibalas, la renovación del material anticuado, el aumento de las plantillas en zonas de alta conflictividad y la actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo.
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