Una pesquisa iniciada hace casi dos años, centrada en presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, ha revelado un complejo entramado que incluye supuestos cobros de comisiones, entregas de dinero en efectivo y posibles manipulaciones en adjudicaciones de obras públicas. Tras la orden de prisión provisional dictada este jueves por el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ya son tres los miembros del conocido Peugeot que acompañó a Pedro Sánchez en la campaña de las primarias socialistas de 2017 que han ingresado en prisión.
El magistrado del Supremo ha determinado su ingreso en prisión sin derecho a fianza debido a un “riesgo elevado de fuga”, después de que las acusaciones hayan solicitado para ambos penas próximas a los 20 años de cárcel. Esta situación procesal culmina una investigación de 646 días, que comenzó tras la detención de García y que progresivamente se ha orientado hacia el exministro de Transportes.
De la investigación sobre mascarillas al enfoque sobre Ábalos
El proceso judicial dio inicio el 20 de febrero de 2024 cuando la UCO arrestó a Koldo García por su supuesta implicación en una red que habría cobrado comisiones vinculadas con contratos de suministros sanitarios durante la pandemia. A medida que avanzaron las pesquisas, la atención se dirigió hacia Ábalos, quien en ese momento era titular del Ministerio responsable de adjudicar la mayor parte de esos contratos.
El 26 de febrero, el PSOE solicitó que Ábalos renunciara a su escaño en el Congreso, aunque desde la dirección del partido se afirmaba que no existía todavía “ningún reproche penal” contra él. Ábalos declinó esta petición y pasó al Grupo Mixto, manteniendo su condición de aforado durante toda la investigación.
Expansión de la investigación: Delcygate, Air Europa y Jésica R.
El 8 de octubre de 2024, un informe de la UCO amplió el alcance del caso, señalando tres nuevas áreas de posibles irregularidades además del tema de las mascarillas:
- La presunta implicación en el Delcygate y la comunicación de Ábalos a Sánchez acerca de la llegada de Delcy Rodríguez.
- Supuestas maniobras por parte del empresario Víctor de Aldama para influir en el rescate de Air Europa, aprovechando su relación con Ábalos y Koldo.
- Beneficios otorgados a Jésica R., ex pareja del exministro, quien fue contratada en empresas públicas y cuyo alquiler de un inmueble habría sido financiado por la trama.
Con base en estas evidencias, el 7 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo inició proceso contra Ábalos por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Comparecencias, informes adicionales y registros
Ábalos compareció ante el Supremo por primera vez el 12 de diciembre de 2024, negando haber recibido comisiones y atribuyendo a Koldo la responsabilidad en la gestión contractual. Entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 fue citado en tres ocasiones más, optando por guardar silencio en la última comparecencia.
Un informe de la UCO del 9 de abril de 2025 sugirió que el exministro habría recibido un “compensación económica” por su intervención en el rescate de Air Europa. Asimismo, se reveló que Jésica R. probablemente no desempeñó las funciones para las que fue contratada en entidades públicas.
El 10 de junio de 2025, la UCO registró el domicilio de Ábalos en Valencia en el contexto de una investigación secreta por presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas, logrando intervenir un disco duro que una amiga del exministro intentó ocultar.
Cerdán bajo investigación y entregas de dinero en efectivo
La situación se complicó tras la presentación de un informe de 490 páginas el 12 de junio de 2025, que incorporó un nuevo nombre al supuesto entramado: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según la UCO, Cerdán habría intervenido en adjudicaciones fraudulentas de obras públicas que habrían generado importantes sumas de dinero para Ábalos y Koldo.
Cerdán, que se encontraba en prisión provisional desde junio, permaneció en Soto del Real hasta la semana pasada.
El 3 de octubre de 2025, otra rama de la investigación vinculó a Ferraz al detectar la UCO entregas de dinero en efectivo desde el PSOE hacia Ábalos y Koldo, que podrían no estar registradas completamente. El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado información adicional al partido.
Preparativos para el juicio y prisión provisional
El 3 de noviembre, el Tribunal Supremo envió a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas y los presuntos beneficios otorgados a Jésica R. La causa relacionada con las adjudicaciones de obra pública sigue abierta.
Finalmente, el 27 de noviembre de 2025, el juez decretó prisión provisional para Ábalos y Koldo. Con estas detenciones, ya son tres los miembros del Peugeot —emblema de la campaña de las primarias de Sánchez en 2017— que han ingresado en prisión.
