El expresidente de Perú Pedro Castillo, que ejerció entre 2021 y 2022, ha recibido una sentencia de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión luego de ser declarado culpable de conspiración para ejecutar una rebelión. Esta resolución fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
En la misma causa, la exprimera ministra Betssy Chávez, refugiada actualmente en la embajada de México en Lima, fue condenada con la misma pena. Ambos enfrentaron un proceso judicial que ha provocado variadas reacciones y análisis en el ámbito político.
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Aunque la Fiscalía solicitó 34 años de encarcelamiento para Castillo, la Corte optó por una condena menor, valorando que no consumó el delito de rebelión al no lograr sus propósitos golpistas. Esta reducción refleja la complejidad del caso y el contexto en que ocurrieron los hechos.
El tribunal absolvió a Castillo de los cargos por abuso de autoridad y grave perturbación del orden público. Sin embargo, se le impuso una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos y una indemnización solidaria de 12 millones de soles (aproximadamente 3.5 millones de dólares), junto a sus coacusados.
Respecto a Betssy Chávez, durante el proceso se emitió una nueva orden de captura en su contra. Actualmente se encuentra en la embajada de México sin haber recibido un salvoconducto por parte del Gobierno provisional presidido por José Jerí, que le permitiría trasladarse al país que le concede asilo.
La sentencia fue pronunciada en una audiencia en la Sala de Barbadillo, donde Castillo permanece detenido desde 2022 junto a otros exmandatarios peruanos como Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Por otra parte, Martín Vizcarra, ex presidente también, fue sentenciado recientemente a 14 años de prisión por corrupción durante su etapa como gobernador.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo tomó medidas que contravenían la estructura política nacional, ordenando el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura. Estas acciones se dieron en un contexto de creciente presión debido a acusaciones de corrupción en su contra. Su intento de permanecer en el poder finalizó con su detención antes de llegar a la embajada de México.
El juicio comenzó en marzo de este año en la Corte Suprema. Castillo, que asistió sin representación legal, mantiene que es objeto de un proceso injusto y sostiene que el tribunal fabricó la acusación de rebelión. Su defensa argumenta que el intento de golpe no se concretó y que no hubo levantamiento armado.
Tras iniciarse el juicio, Castillo declaró una huelga de hambre, y ha comunicado a sus seguidores que enfrenta una persecución política, calificando su detención como injusta. Sus simpatizantes han respondido con protestas frente a la prisión, expresando su disconformidad con lo que consideran un ataque a la democracia en Perú.
