La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Asociación de Fiscales que cuestionaba el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado. Este nombramiento fue realizado por el fiscal general en aquel momento, Álvaro García Ortiz, a través del Real Decreto 810/2024, después de que el Alto Tribunal anulara el primer nombramiento el 7 de mayo de 2024.
La Asociación de Fiscales fundamentó su recurso en una supuesta incompatibilidad establecida en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), apoyándose en las actividades profesionales del esposo de Delgado, el exmagistrado Baltasar Garzón. No obstante, el Tribunal Supremo desestimó esta alegación tras verificar que Garzón dejó de desempeñar cualquier cargo en la fundación mencionada, renuncia respaldada por escritura pública y aceptada por el Patronato.
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Respecto a otra posible incompatibilidad señalada —el artículo 58.4 del EOMF, que se refiere al ejercicio profesional del cónyuge en la misma circunscripción—, la Sala recordó que esta norma prevé una incompatibilidad específica solo cuando el cónyuge ejerce la abogacía, bajo condiciones que no aplican en este caso. El tribunal explicó que, debido a que la circunscripción tiene una población superior a 500.000 habitantes, el deber de abstención actuará como garantía para salvaguardar la imparcialidad.
El Supremo no entró a valorar cómo se debe realizar esa abstención ni quién cubrirá las sustituciones necesarias, pero puntualizó que estos mecanismos deben garantizarse para mantener el correcto funcionamiento del Ministerio Fiscal. Según los magistrados, «lo esencial es preservar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal, según lo establecido en el artículo 124.2 de la Constitución».
La resolución también rechazó las supuestas irregularidades formales planteadas por la Asociación de Fiscales, al no detectarse indefensión material.
El ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría dentro de la Carrera Fiscal había sido anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones anteriores: primero como fiscal de Sala de lo Militar y después como fiscal de Sala de Memoria Democrática. En la primera anulación, el exfiscal general García Ortiz fue sancionado por desviación de poder.
La decisión publicada hoy confirma el segundo nombramiento de Delgado, en un contexto donde el Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, y persisten las tensiones internas en la carrera fiscal.
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