El juez responsable de la investigación del caso Mascarillas ubica al ex presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, como pieza central en la presunta red de corrupción identificada por la UCO. Entre las pruebas más significativas se encuentran varios mensajes de WhatsApp donde el político y otros altos funcionarios usaban emoticonos de muelas y términos relacionados con la odontología para aludir, aparentemente, a mordidas vinculadas a contratos públicos.
De acuerdo con la pesquisa, un mensaje en particular fue decisivo. El 8 de abril de 2020, apenas tres minutos tras firmar el decreto que concedía a Azor Corporate Ibérica un contrato por dos millones de euros para la adquisición de mascarillas —con un incremento del 42,27% en el coste—, García envió al grupo de WhatsApp Naranjito un icono de una muela. Este simple símbolo, hallado tras analizar los dispositivos móviles incautados, fue considerado por el juez como un “indicio contundente” del papel que desempeñaba el ex presidente en la estructura.
Te puede interesar
En esa causa también fueron arrestados el ex vicepresidente Francisco Giménez, el jefe de Contratación de la Diputación, el alcalde de Fines y su hijo, junto a varios empresarios vinculados. En la resolución judicial, de 66 páginas, el magistrado Eduardo Martínez señala el “interés excesivo” de García por el contrato de mascarillas y retrata su “preocupación y tensión” a través del constante intercambio de mensajes con sus colaboradores. “¿Y lo nuestro qué? Estoy muy nervioso“, escribió García a Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación.
Un código odontológico para encubrir mordidas
El juez destaca el uso reiterado desde 2017 por parte de los investigados de una jerga dental que carecía de relación con sus tareas administrativas. Términos como “tengo que hacerme una limpieza”, “necesito empastarme dos muelas” o “tengo las muelas dañadas” habrían funcionado, según la instrucción, como un lenguaje cifrado para referirse a las comisiones ilegales supuestamente cobradas.
En junio de 2018, Liria consultó a García sobre la orden del día de una junta de gobierno y el expresidente respondió: “Espero poder ir al dentista”. Liria contestó: “Te vas a poder cambiar toda la piñata”.
Transacciones en efectivo y movimientos sin constancia bancaria
La UCO también ha centrado la atención en los movimientos patrimoniales del ex dirigente provincial. Entre ellos figuran amortizaciones hipotecarias efectuadas en efectivo y la compra de una parcela en Rodalquilar con 20.000 euros en metálico, cuyo origen no aparece reflejado en sus cuentas bancarias.
El juez señala además a una hermana del ex presidente, titular de una cuenta bancaria supuestamente utilizada para manejar fondos procedentes de actividades ilícitas, lo que podría implicar un delito de blanqueo de capitales.
Por otra parte, la investigación apunta al probable uso de sociedades pantalla, como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a los imputados, que habrían obtenido conjuntamente más de 30 contratos públicos por un total superior al millón de euros.
Una red que va más allá del contrato de mascarillas
La instrucción determina que la adjudicación del material sanitario en la pandemia no fue un caso aislado, sino parte de un presunto sistema prolongado en el tiempo para manipular licitaciones públicas.
El juez afirma que García tenía “pleno conocimiento, consentimiento y participación” en este entramado que habría operado en la Diputación durante varios años.
