El Ejecutivo ha comunicado que está valorando la aplicación de sanciones contra quienes participaron en la manifestación organizada por Falange, donde se pronunciaron consignas racistas y se expresó un mensaje de “un tiro en la nuca” dirigido al presidente Pedro Sánchez. Estas declaraciones, captadas en video y compartidas en redes sociales, han suscitado una fuerte reacción tanto política como social.
Óscar López, ministro de la Presidencia, solicitó este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie de forma clara respecto a lo sucedido. Además, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que autorizó la manifestación, que evalúe los hechos y, si procede, emita una condena pública.
Desde el Gobierno se considera que tales manifestaciones podrían infringir la legislación vigente sobre delitos de odio, así como la normativa que regula el derecho de reunión. Por ello, se examina la posible existencia de responsabilidades administrativas o penales. Según fuentes oficiales, “la libertad de expresión no protege la incitación a la violencia” y las instituciones deben responder “con determinación” ante discursos que atenten contra la convivencia democrática.
La investigación permanece abierta y se espera que en los próximos días se definan las medidas a adoptar.
