La situación diaria en Venezuela afecta por igual a todas las edades. Samantha Sofía Hernández, una joven de 16 años que cursa 5º de Bachillerato, fue retirada por la fuerza de la residencia de sus abuelos en Caracas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su padre se encuentra desaparecido desde enero, presuntamente detenido por el régimen, al igual que ella.
Según denuncias públicas de su madre, Ámbar Castillo, la detención de Samantha está vinculada a su relación familiar con el teniente Cristhian Hernández, un militar exiliado y crítico del gobierno. Castillo manifestó en un vídeo difundido en redes sociales que la joven fue llevada sin orden de detención o allanamiento, responsabilizando al gobierno y al ministro de Interior por cualquier daño físico, psicológico o emocional sufrido por su hija, y solicitó la intervención de organismos internacionales.
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Diosdado Cabello, figura clave del oficialismo, ha sido señalado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos como responsable de organizar represalias contra familiares de militares críticos del régimen, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Esta modalidad, conocida como sippenhaft, recuerda las represalias nazis contra familiares de opositores y ha sido documentada por Naciones Unidas en diversos informes que incluyen testimonios de torturas y violaciones en detenciones clandestinas.
El terrorismo de Estado en Venezuela también alcanza a personas de la tercera edad. La doctora Marggie Orozco, con 65 años, fue condenada a 30 años de prisión por expresar públicamente su preocupación sobre la escasez de medicamentos y las condiciones sanitarias. Por su parte, Meryl Torres de Sequea, de 71 años, permanece desaparecida desde hace dos meses luego de acudir a una farmacia acompañada por su sobrina, mientras que su hijo se encuentra encarcelado en el Rodeo 1 bajo condiciones de aislamiento extremo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares para la protección de ambas mujeres.
Otro caso relevante es el de María Auxiliadora Delgado Tabosky, detenida desde 2019 debido a sus lazos familiares con un militar que se rebeló contra el régimen. La jueza que dictó su condena de 30 años reconoció que la detención se fundamentó en la “vinculación consanguínea”.
Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, indicó que encarcelar a familiares es una medida severa que tiene como propósito castigar a inocentes y socavar la esperanza de la población, enviando el mensaje de que nadie está exento de estas acciones.
La persecución política en Venezuela, que afecta a menores y personas mayores, pone de manifiesto un terrorismo de Estado sistemático que viola la legislación y los derechos humanos fundamentales.
