Miembros del Ministerio Público lamentan que la sentencia contra el fiscal general menoscabe la imagen y credibilidad de la Fiscalía.
Dentro de la Fiscalía, algunos fiscales han manifestado su preocupación tras la condena de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos. A juicio de varios representantes del Ministerio Público, esta sentencia representa un serio perjuicio para la reputación de la institución, con posibles repercusiones negativas a largo plazo.
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El ambiente en la sede de la Fiscalía en Fortuny se percibe afectado, con cierto desánimo entre sus miembros. Varios fiscales consideran que García Ortiz debió renunciar cuando se inició el procedimiento judicial para evitar que su situación afectara a toda la carrera fiscal. Algunas agrupaciones, como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), habían solicitado su dimisión meses atrás, argumentando que su permanencia dañaba la imagen del Ministerio Público.
El Consejo Fiscal, con mayoría conservadora, también manifestó su inquietud. En un comunicado, indicó que mantenerlo en el cargo tras la condena podría perjudicar irreversiblemente a la institución y disminuir la confianza pública en los fiscales. La sentencia sitúa a la Fiscalía ante el reto de decidir si apoyan al fiscal general o si, por el contrario, deben distanciarse para preservar la integridad del organismo.
Algunos fiscales señalan la existencia de una campaña política para desprestigiarlo desde el inicio del proceso. Consideran que el caso ha sido usado para debilitar la autonomía de la Fiscalía y que la condena reforzará esta percepción, incluso entre quienes no comparten su gestión profesional.
Además, destacan un problema estructural en la figura del fiscal general, quien, según opinan, está sometido a intensas presiones políticas. Critican la falta de mecanismos internos más sólidos que protejan a la institución cuando su máximo responsable enfrenta circunstancias judiciales.
Para varios miembros del Ministerio Público, la solución requiere una reforma profunda: no basta con la salida de García Ortiz, sino que es fundamental revisar el proceso de nombramiento del fiscal general, fortalecer la autonomía del órgano y evitar que se convierta en escenario de conflictos partidistas.
