La investigación apunta a una edil de Las Palmas de Gran Canaria por presunta malversación, falsedad documental y fraude administrativo relacionados con un posible exceso del 70 % en costes del área de Parques y Jardines.
Inmaculada Medina, concejala del PSOE, ha sido imputada en una causa que examina supuestas irregularidades vinculadas al suministro de agua para las zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria. Según la investigación, se habrían autorizado facturas que superan notablemente el consumo real entre 2015 y 2022.
El sumario indica que desde el inicio se establecieron condiciones contractuales con importes inflados, lo cual posibilitaba que la empresa adjudicataria presentara facturas con consumos exagerados —en ocasiones hasta un 70 % más altos— sin que se realizara un control técnico adecuado.
Señalan además que Medina habría firmado decretos y aprobado gastos sin requerir la verificación de la autenticidad de los consumos reflejados en las facturas. Esto facilitó un sistema de pagos irregulares que permaneció vigente durante siete años sin ser detectado por los controles internos del ayuntamiento.
La compañía encargada del suministro también está bajo investigación por emitir facturas con lecturas manipuladas o sin soporte técnico. Los agentes tratan de esclarecer si hubo un acuerdo previo entre autoridades y empresa para sostener esta modalidad de facturación.
Los delitos que se analizan incluyen malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración, vinculados al desvío de fondos y la aprobación de documentos posiblemente irregulares.
La imputación de Medina ha generado un impacto significativo en el ámbito político local y dentro del PSOE, cuestionando los sistemas de control del gasto público y abriendo la posibilidad de nuevas responsabilidades en el consistorio. La investigación continúa abierta y no se descartan posteriores imputaciones conforme avance el análisis de la documentación intervenida.
