El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha presentado un informe determinante en el que establece que la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) no afecta negativamente a los intereses financieros de la Unión Europea. Aunque esta ley ha suscitado polémica en torno al procés y sus consecuencias legales, el análisis concluye que la amnistía no contradice las normativas europeas vinculadas con los fondos comunitarios.
Un dictamen con peso para los tribunales españoles
El informe del Abogado General, Dean Spielmann, aporta una interpretación clara sobre la aplicación de la amnistía dentro del marco jurídico de la Unión Europea. Aunque ciertas partes de la ley pudieran parecer incompatibles con el derecho comunitario, Spielmann ha remarcado que no se detecta una conexión directa entre la amnistía y los intereses financieros de la UE. Por lo tanto, las demandas que alegaban un impacto negativo sobre los fondos comunitarios y recursos públicos no cuentan con respaldo en este documento.
Por otro lado, Spielmann ha indicado que la amnistía no debe convertirse en un mecanismo de “autoamnistía” para quienes hayan vulnerado la ley. En especial, para algunos delitos relacionados con el referéndum ilegal de 2017 y el respaldo a la acción exterior del procés, la LOA requerirá un análisis detallado, sobre todo respecto al uso indebido de fondos públicos. En este contexto, el informe advierte que el plazo de dos meses para que los tribunales nacionales determinen su aplicabilidad podría ser demasiado breve, lo que pondría en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas implicadas.
Influencia de la amnistía en el ámbito europeo
El Abogado General aclaró que la amnistía, en principio, no debería interferir con los principios básicos de la legislación europea, aunque enfatizó que los tribunales nacionales deben garantizar que no se comprometa la tutela judicial efectiva. Aunque este informe no es vinculante, ofrece una guía interpretativa valiosa para los jueces que deben resolver sobre esta materia.
Asimismo, Spielmann resaltó la necesidad de mantener las medidas cautelares vigentes hasta la resolución definitiva, para evitar la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso. El fallo del TJUE, aún pendiente, podría tener un impacto decisivo en el modo en que se aplica la Ley de Amnistía en España, ya que establecerá un precedente en la interpretación de la compatibilidad entre leyes nacionales y la normativa comunitaria.

















