La reciente decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reavivado en España la discusión sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Esta resolución, que avala la propuesta de autonomía planteada por Marruecos, ha provocado malestar en distintos sectores políticos, especialmente dentro de los partidos Sumar y Podemos, que forman parte del gobierno de coalición.
Sumar ha subrayado la importancia de respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como único camino para lograr una paz estable en la zona. Si bien valoran positivamente la prórroga de un año del mandato de la MINURSO, la misión de la ONU en el Sáhara, rechazan de forma rotunda aceptar el plan marroquí como solución al conflicto.
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En sus redes sociales, el partido recordó que la historia de España como antigua potencia colonial obliga a adoptar una postura que garantice el derecho del pueblo saharaui a decidir su porvenir. Añaden que respaldar la autonomía bajo la soberanía marroquí implica pasar por alto el sufrimiento de la población saharaui y los derechos que deberían proteger las resoluciones de la ONU.
Por su parte, Podemos también ha criticado la resolución, y su eurodiputada Irene Montero ha solicitado al Consejo de Seguridad reconsiderar la medida. Montero acusó a la ONU de sucumbir ante presiones externas, especialmente de Estados Unidos, lo que, según ella, supone un riesgo para la estabilidad regional. Asimismo, destacó que el derecho internacional avala la lucha legítima del pueblo saharaui.
El cambio de postura del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental no es reciente. En 2022, el Ejecutivo, que había mantenido tradicionalmente una posición neutral, decidió apoyar la propuesta marroquí, una decisión que fue criticada tanto por el propio gobierno como por la oposición. Esta modificación puso en duda la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación en el Sáhara.
En marzo de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que esta nueva posición era la opción más seria y realista para resolver el conflicto. Sin embargo, a medida que la ONU ha emitido resoluciones a favor del plan marroquí, la legitimidad jurídica y moral que debería favorecer a los saharauis parece haberse diluido.
El viraje también ha suscitado críticas desde la oposición, especialmente por parte del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó este giro como un cambio imprudente, ya que se implementó sin el respaldo del Congreso. El Partido Popular ha impulsado diversas iniciativas para intentar devolver al Gobierno a una postura neutral sobre el conflicto saharaui.
En este contexto, a pesar de las resoluciones de la ONU, la situación en el Sáhara Occidental permanece en un delicado equilibrio, con la comunidad internacional atenta a la evolución de los acontecimientos. Las tensiones derivadas de este asunto afectan no solo las relaciones internacionales de España, sino que también tienen repercusiones directas en su política interna.
