El Ministerio de Cultura ha comenzado este viernes el expediente para pedir la disolución judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, argumentando el incumplimiento de la normativa vigente y la difusión de una imagen favorable al franquismo.
El Ejecutivo español, a través del Ministerio de Cultura, ha puesto en marcha el proceso para solicitar la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Esta medida se basa en la violación de la ley y en la promoción de una visión positiva del franquismo que contraviene el interés público.
El procedimiento arrancó en junio de 2024, cuando se abrió un periodo inicial de actuaciones para recopilar datos y elementos necesarios para justificar la apertura formal del proceso. Tras notificarse a la FNFF el pasado 31 de octubre, se inicia el plazo para que la fundación presente alegaciones, disponiendo de 10 días hábiles para su defensa. A continuación, si la fundación lo desea, habrá un periodo para aportar pruebas, tras el cual se redactará una propuesta de resolución.
La resolución definitiva la firmará el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y se remitirá a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil para su análisis judicial. Desde el Ministerio de Cultura señalan que esperan que el expediente llegue al juez «lo antes posible», aunque el ritmo dependerá de la estrategia y la documentación presentada por la fundación para su defensa.
Para fundamentar este expediente, se han solicitado informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro estatal de Fundaciones y a la Abogacía del Estado. El documento elaborado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado señala que las causas para extinguir una fundación son:
- Que no persiga fines de interés general.
- Que realice apología del franquismo, glorificando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de dicho golpe, de la guerra y del franquismo posterior.
La Fundación Nacional Francisco Franco, creada en 1976, ha generado polémica por su labor de conservación del legado del dictador Francisco Franco. La decisión del Gobierno de iniciar el proceso de ilegalización supone un avance relevante en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, destinada a eliminar la apología del franquismo y a fomentar una interpretación crítica y respetuosa de la historia reciente española.
Se prevé que el procedimiento judicial correspondiente determine finalmente la legalidad y continuidad de la Fundación Nacional Francisco Franco en el marco jurídico español.
