En España, ocho de cada diez casos de abusos sexuales a menores son perpetrados por individuos del entorno próximo de la víctima. Además, los procesos judiciales suelen extenderse durante años, amplificando el sufrimiento de quienes los padecen. Así lo indica el informe “Por una justicia a la altura de la infancia”, difundido este jueves por Save the Children, tras examinar 345 sentencias emitidas entre 2023 y 2024.
El análisis señala que el 82,9% de las víctimas son niñas o adolescentes, con una edad promedio de inicio de los abusos de 12 años. Asimismo, un 5% de los afectados presenta algún tipo de discapacidad, lo que aumenta su vulnerabilidad.
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En relación con los agresores, el estudio destaca que el 98% son hombres y que en el 80% de los casos forman parte del entorno familiar o cercano, incluyendo padres, familiares, amigos de la familia o profesionales que trabajan con menores. Además, seis de cada diez acosadores carecían de antecedentes penales.
Duración prolongada de los procesos y revictimización
Una preocupación importante es la lentitud judicial: el 40,9% de los casos se extiende más de tres años y en un 12,1% dura más de cinco años. Esta demora obliga a que los menores rememoren el trauma a través de múltiples declaraciones, ya que más de la mitad tuvo que testificar en varias ocasiones.
El informe subraya que únicamente en un 34,5% de las ocasiones se empleó la prueba preconstituida —grabación del testimonio para evitar su repetición— pese a ser obligatoria para víctimas menores de 14 años.
Como ejemplo de estas deficiencias se menciona el caso de Sara, quien fue abusada por su padre desde los 10 años. El proceso judicial tardó cuatro años en resolverse y, aunque el caso era grave, el agresor recibió una condena de solo dos años y seis meses, favorecido por la atenuante de dilaciones indebidas.
“Una violencia no visibilizada”
Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, señala que estos datos muestran que “nos enfrentamos a una violencia que permanece oculta”. Destaca que casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España involucran a niños y adolescentes, pero “el sistema judicial aún no está suficientemente equipado para su protección”.
La organización pide establecer más tribunales especializados en justicia para la infancia, fiscalías dedicadas a la violencia contra menores, equipos técnicos multidisciplinares y ampliar el modelo Barnahus —que reúne en un solo lugar atención psicológica, social y judicial— a todas las comunidades autónomas.
“La justicia no debe ser un espacio de desprotección para quienes han sufrido violencia sexual”, concluye Save the Children.
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