La suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid provocó numerosas críticas por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil hacia el Gobierno. Estas organizaciones señalaron que el despliegue de seguridad resultó insuficiente, evidenciando vulnerabilidades en los cuerpos de seguridad y poniendo en riesgo tanto a los agentes como a la población.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) responsabilizaron directamente al presidente Pedro Sánchez por fomentar las manifestaciones contra la participación del equipo Israel-Pro Tech y en protesta por la ofensiva israelí en Gaza. Cabe recordar que ese mismo día, el presidente expresó públicamente su “admiración” hacia los manifestantes.
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Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, señaló que los grupos antidisturbios hicieron todo lo posible con los recursos y límites que les fueron asignados, aunque ya habían advertido días antes que garantizar la seguridad en el recorrido era inviable. Su portavoz, Ibón Domínguez, indicó que los agentes actúan dentro de las limitaciones impuestas y calificó como “violencia inaceptable” las imágenes de la interrupción de la etapa, que incluyen el lanzamiento de objetos y la ocupación del trazado.
Desde el SUP lamentaron que a los policías se les restringió considerablemente la actuación y afirmaron que, en condiciones habituales, la etapa no se habría interrumpido. Consideran que el presidente ha debilitado la autoridad del Estado al supeditar la labor policial a intereses políticos.
Por su parte, Jucil definió la actuación del Ministerio del Interior como un “fracaso rotundo”, y la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) calificó de “inadmisible” la falta de responsabilidad de quienes promueven estas protestas.
El sindicato UFP señaló que el respaldo político hacia los manifestantes generó una sensación de impunidad y pidió que se asuman responsabilidades. Igualmente, la Confederación Española de Policía (CEP) demandó una “condena inmediata y sin reservas” hacia quienes, a su juicio, crearon el ambiente propicio para el sabotaje a la competición.
