Las lanchas rápidas, cargadas con bidones llenos de combustible para proveer a las narcolanchas, se han convertido en un problema complejo para las fuerzas de seguridad en la costa sur de España. Estas embarcaciones actúan como estaciones de servicio móviles que aseguran la autonomía de las redes de narcotráfico en alta mar.
La Guardia Civil encuentra grandes obstáculos para detener esta práctica, que permite a los grupos criminales extender sus actividades sin necesidad de regresar a tierra firme. A pesar de que los agentes han incrementado la interceptación de estas embarcaciones, la ausencia de una legislación específica sobre el transporte y suministro de combustible en aguas abiertas crea un vacío legal que dificulta la acción policial.
Desde el ámbito judicial, las fuentes reconocen su descontento: los jueces expresan la falta de una normativa clara que defina esta actividad y que facilite la imposición de sanciones firmes a quienes participan en el abastecimiento a las narcolanchas. Mientras tanto, los grupos de narcotráfico siguen adaptándose, aprovechando la ambigüedad legal y las limitaciones operativas de las autoridades.
El resultado es un enfrentamiento continuo, en el que la capacidad de innovación del crimen organizado supera la rapidez del Estado para establecer regulaciones y responder eficazmente.
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