Torre Pacheco (Murcia) – El alcalde del municipio, junto con líderes religiosos musulmanes de la comarca de Cartagena, alcanzó este miércoles un acuerdo que incluye varias medidas para reforzar la convivencia y restaurar la cohesión social en la localidad tras los recientes episodios de carácter racista en la zona.
En el encuentro, celebrado en un contexto de creciente tensión social, ambas partes evaluaron la situación de la población migrante en el municipio y coincidieron en la importancia de actuar de manera conjunta para que Torre Pacheco recupere “la tranquilidad y la paz”. Así lo declaró Mohamed Ghazli, director de la mezquita de Balsicas, quien resaltó la unidad entre los vecinos autóctonos y migrantes: “Nuestros hijos se han criado en este pueblo. Como migrantes y españoles, estamos muy unidos y avanzamos juntos”, afirmó.
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La preocupación ha aumentado en los últimos días tras la agresión a un residente, supuestamente cometida por tres jóvenes magrebíes, lo que ha provocado un aumento de las tensiones raciales y la organización de manifestaciones no autorizadas contra la comunidad extranjera.
Con una población ligeramente superior a 40.000 habitantes, Torre Pacheco cuenta con un elevado porcentaje de migrantes, principalmente empleados en el sector agrícola. La localidad se encuentra en el centro de la industria agroalimentaria murciana, cuya producción de frutas y hortalizas representa el 20% de las exportaciones agrícolas nacionales y generó más de 3.500 millones de euros en 2024.
Chebab, un joven de 24 años nacido en España y hijo de trabajadores del campo, refleja el sentir de muchos jóvenes descendientes de migrantes: “Mi padre ha trabajado en el campo durante 30 años. Nos ha proporcionado hogar, comida y todo lo necesario. Me siento español, pero también marroquí”, expresó, convencido de que quienes impulsan estos actos racistas “no pertenecen a este pueblo”.
Para esta tarde se ha convocado una nueva concentración contra la población migrante. Esta será la segunda manifestación consecutiva organizada por grupos ultras, nuevamente sin autorización. La Guardia Civil mantiene un operativo con más de cien agentes para garantizar la seguridad y prevenir incidentes, como ocurrió en la protesta anterior, donde la policía impidió la participación de agitadores procedentes de fuera del municipio.
Las autoridades insisten en que no permitirán que “minorías radicales alteren la convivencia” en un municipio donde la diversidad ha sido históricamente uno de sus pilares fundamentales.
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