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Jesús María González Barceló, Presidente
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La corrupción en el siglo XXI ha cambiado de forma y ahora se manifiesta a través de estructuras institucionales. Ya no se oculta en sobres o maletines, sino que se presenta en contratos firmados, subvenciones y la protección de ciertos cargos y aforados rápidamente designados. Este tipo de clientelismo parece tener su centro en el círculo más próximo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
No se trata ya de simples coincidencias. Mientras los medios afines al Ejecutivo dedican gran atención a las actividades privadas del entorno de Isabel Díaz Ayuso —a pesar de que estas personas no ocupan cargos públicos ni gestionan fondos estatales—, se aplican ciertas estrategias discursivas para silenciar los controversiales hechos vinculados a los allegados de Sánchez.
La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está bajo investigación por posible tráfico de influencias, debido a que habría utilizado su posición para favorecer a ciertos intereses empresariales, algunos de los cuales recibieron posteriormente ayudas públicas, coincidiendo con decisiones oficiales. Sin embargo, esta situación ha pasado desapercibida en los medios de comunicación principales, manteniendo un silencio estratégico.
Por otra parte, David Aznar Gómez, hermano del presidente y empleado en la Diputación de Badajoz, percibe un salario público desde hace años sin que exista un control fiscal transparente. Se desconocen detalles precisos sobre sus funciones y la razón de la falta de transparencia en una democracia que se supone ejemplar.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido percibido como un protector institucional del Ejecutivo, en lugar de un garante independiente del ordenamiento jurídico. Su intervención en maniobras como el intento de blindar judicialmente la ley de amnistía evidencia esa alineación con el poder Ejecutivo más que con la imparcialidad que debe representar.
Además, se han producido movimientos institucionales complejos, como el rápido aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ante investigaciones inminentes. También destaca la utilización de recursos estatales para cuestionar sentencias, poner en duda la función de la UCO o atacar públicamente a jueces que no coinciden con la línea oficial, dando lugar a un sistema donde la ley se adapta al interés del poder dominante.
Todo ello ocurre en un contexto en el que el Parlamento permanece silencioso, la oposición está dividida y la opinión pública se muestra cada vez más controlada.
En este marco, Pedro Sánchez —quien se presenta como defensor del feminismo, la paz social y la regeneración democrática— sostiene su poder a través de redes clientelares, estructuras paralelas y un sistema mediático que en muchos casos actúa como vehículo de comunicación del Gobierno más que como contrapoder.
La cuestión ya no es la existencia de corrupción, sino la aceptación de que quienes gobiernan diseñen una legalidad a su medida: indulgente con sus propios actos e implacable con sus adversarios.
Mientras que Ayuso enfrenta persecución judicial y mediática por asuntos relacionados con su entorno privado, Sánchez utiliza el aparato del Estado para proteger a su familia dentro del ámbito público, donde se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos y al manejo de miles de millones de euros.
Esto va más allá de la política, implica la captura del Estado por una élite que difumina las fronteras entre institución y partido, entre gobierno y núcleo familiar. Se trata de una apropiación silenciosa de la democracia desde su interior.
Si no se alza la voz desde posiciones críticas como la nuestra, la decadencia del Estado de derecho será irreversible.
No es sólo un asunto personal de Pedro Sánchez, sino que afecta al modelo que se establece, a la práctica que se normaliza y al coste que todos pagaremos si consentimos que el poder se reparta y se proteja entre amigos, familiares y fiscales alineados.
En este contexto, resistir no es solo una opción sino una responsabilidad moral.
O de lo contrario, podríamos terminar formando parte de un escenario como el del “cuarteto de Torrente en un Seat 600”: Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.
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