El Tribunal Supremo (TS) ha citado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa que investiga la presunta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El caso, dirigido por el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, también implica a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien comparecerá el 30 de enero, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, citado el 5 de febrero tras ser imputado recientemente.
El papel del fiscal general en la filtración
En un auto emitido por el juez Hurtado, se recogen las conclusiones preliminares de la investigación. Según el documento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en su informe del 21 de noviembre de 2024 la “participación preeminente” de García Ortiz en los hechos que habrían derivado en la filtración de un correo electrónico confidencial.
El auto detalla que entre las 21:59 y las 23:51 del 13 de marzo de 2024, Álvaro García Ortiz habría recibido, consultado y gestionado la divulgación del correo, que finalmente fue publicado por la Cadena SER. Este correo, de carácter reservado, contenía una conversación entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto Torres. Según el juez, la rapidez y el interés con el que el fiscal general gestionó el acceso a esta información son indicios suficientes para mantener su imputación.
Imputación de Pilar Rodríguez y Diego Villafañe
El auto también apunta a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, como una pieza clave en la filtración. Según el juez, Rodríguez se puso a disposición de García Ortiz y facilitó el acceso al expediente de González Amador, que fue filtrado a la prensa días después.
Por su parte, Diego Villafañe, considerado persona de confianza del fiscal general, habría solicitado directamente a Rodríguez la documentación confidencial, contribuyendo así a su difusión. El juez considera que su papel, aunque menor, fue relevante en la cadena de acciones que llevaron a la filtración.
Contradicciones en los testimonios
El magistrado instructor destaca que algunos testigos han intentado desvincular a García Ortiz de la recepción inicial del correo, argumentando que su contenido ya era conocido antes de las 21:59 del 13 de marzo. Sin embargo, el juez considera que estas declaraciones carecen de respaldo objetivo y contrastan con otros testimonios y evidencias que señalan al fiscal general como el responsable de la difusión de la información confidencial.
Próximos pasos en el caso
Las declaraciones de los imputados, previstas entre finales de enero y principios de febrero, serán claves para determinar su grado de implicación en un caso que pone en el foco la actuación de altos cargos de la Fiscalía General del Estado.
La causa, además de su relevancia jurídica, tiene un importante impacto político, al implicar directamente al entorno de Isabel Díaz Ayuso y al fiscal general en una trama que cuestiona la confidencialidad y ética en la gestión de información sensible.
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