La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre de 2024, tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarlo por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Un cambio sospechoso
Según un informe elaborado por la UCO, tras analizar los números de teléfono y los códigos IMSI/IMEI vinculados al terminal incautado a García Ortiz durante el registro efectuado el 30 de octubre, se concluyó que el “inicio de actividad” del nuevo dispositivo se produjo el 23 de octubre. Este dato refuerza las sospechas de los investigadores, dado el contexto temporal del caso.
Además, cuando la UCO revisó los mensajes de WhatsApp del anterior dispositivo del fiscal general, no encontró rastro alguno de comunicaciones durante el período en el que se habría producido la filtración de los correos electrónicos de la pareja de Ayuso, entre el 8 y el 14 de marzo. La ausencia total de mensajes en esas fechas levantó sospechas de un posible borrado intencionado.
Acusaciones de obstrucción
Desde la oposición, el Partido Popular no ha tardado en reaccionar. El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, acusó a García Ortiz de “obstrucción a la justicia” y de intentar ocultar pruebas clave. “Es escandaloso que el fiscal general del Estado borre mensajes para que no se puedan investigar. Eso no es otra cosa que obstrucción a la justicia. Nadie en este país se cree que, durante ese tiempo, no hubiese ningún mensaje en su móvil”, denunció Bendodo.
Las palabras de Bendodo reflejan el creciente malestar entre sectores que consideran que el fiscal general ha actuado de manera irregular en este caso, comprometiendo la transparencia y la imparcialidad de su posición.
Defensa desde el Gobierno
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de García Ortiz. Sánchez afirmó que “actuar sin pruebas no puede ser gratis” y criticó a quienes lanzaron acusaciones sin fundamentos sólidos. “¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón?”, cuestionó el presidente, dejando entrever que las acusaciones contra el fiscal general carecen de base suficiente.
Un caso que no cesa
La imputación de García Ortiz, unido a los últimos hallazgos de la UCO, han agitado el escenario político y judicial. El caso sigue marcando un profundo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, mientras las sospechas sobre la gestión del fiscal general alimentan el debate público acerca de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado.
A medida que avancen las investigaciones, el caso García Ortiz podría convertirse en uno de los escándalos más significativos del panorama político y judicial reciente.
