El pasado sábado, las calles de Bilbao fueron testigo de una multitudinaria manifestación en la que miles de personas exigieron el derecho universal a la vivienda. Convocada por el Movimiento por la Vivienda de Euskal Herria, la protesta contó con el respaldo de más de 200 organizaciones, incluyendo sindicatos, colectivos feministas, grupos antirracistas y asambleas juveniles.
La marcha, caracterizada por una amplia participación de jóvenes, estuvo marcada por lemas como «No hay derecho a no tener un techo» y «Vivienda para todos». Los manifestantes portaban pancartas y carteles que reflejaban su descontento con la actual situación del mercado inmobiliario.
Karla Pisano, representante del sindicato socialista de vivienda, criticó duramente el enfoque de los partidos políticos hacia el problema de la vivienda. Según Pisano, las políticas actuales están más enfocadas en fomentar el negocio inmobiliario que en garantizar el acceso a una vivienda digna.
En sus declaraciones, Pisano señaló que las bonificaciones fiscales para propietarios y la colaboración público-privada son medidas que perpetúan el ciclo de construcción financiado con dinero público, sin abordar el problema de fondo. Propuso, en cambio, la implementación de medidas de urgencia que incluyan la expropiación de ganancias obtenidas del negocio inmobiliario.
Los organizadores de la protesta también criticaron la Ley de Vivienda estatal, calificándola de «farsa electoral». Afirmaron que la normativa, aprobada en la legislatura anterior, no ha cumplido con sus promesas, como la prohibición de los desahucios, y ha sido utilizada principalmente como herramienta de campaña política.
En este contexto, los manifestantes abogaron por un movimiento amplio que defienda el derecho universal a la vivienda y promueva su desmercantilización. Pisano destacó la necesidad de un modelo de vivienda gratuito, similar al de la sanidad o la educación, que garantice el acceso a un hogar digno para todas las personas.
La movilización en Bilbao es un reflejo del creciente descontento social frente a la crisis de la vivienda, un problema que afecta a muchas ciudades en España. Las demandas de los manifestantes subrayan la urgencia de adoptar políticas que prioricen el bienestar de las personas sobre los intereses económicos del sector inmobiliario.
