La Fiscalía de Corea del Sur ha pedido la pena capital para el expresidente Yoon Suk-yeol debido a su fallido intento de instaurar la ley marcial en diciembre de 2024. Este caso se ha transformado en uno de los episodios más destacados en la historia reciente del país, ya que la solicitud de la condena más severa se produjo en el último día del juicio por insurrección contra Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.
La Fiscalía subraya la seriedad de los cargos que enfrentan al exmandatario, acusado de intentar perpetuarse en el poder mediante medidas autoritarias. Según la agencia Yonhap, el tribunal podría emitir su veredicto a comienzos de febrero, tras evaluar los argumentos de ambas partes.
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La ley marcial, aplicada en pocas ocasiones en la historia de Corea del Sur, autoriza al gobierno a limitar las libertades civiles y movilizar a las fuerzas armadas. Aunque la legislación del país contempla la pena de muerte por insurrección, desde 1997 no se han llevado a cabo ejecuciones.
Yoon Suk-yeol, con 65 años, sostiene que la declaración de ley marcial fue indispensable para proteger al país de lo que definió como «fuerzas antiestatales». No obstante, sus críticos opinan que su principal objetivo era silenciar a la oposición política y fortalecer su control sobre el poder judicial y legislativo.
El expresidente emitió el decreto el 3 de diciembre de 2024, justificándolo por las actividades antiestatales atribuidas a la oposición, especialmente en relación con Corea del Norte. Sin embargo, la Asamblea Nacional anuló la medida tras pocas horas, frente a protestas masivas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Las calles se llenaron de ciudadanos contrarios a la ley marcial, y en algunos casos la Policía Militar amenazó a manifestantes con armas. Ante esta situación, Yoon optó por cancelar la orden y retirar a los militares desplegados, aunque para entonces ya se había generado una gran controversia.
En abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la destitución definitiva de Yoon, quien había sido suspendido desde el 14 de diciembre tras una moción de censura aprobada por la Asamblea Nacional. Esta resolución provocó un cambio significativo en el escenario político nacional, marcando el fin de su mandato.
El actual gobierno surcoreano ha manifestado su intención de que el proceso judicial avance con total imparcialidad y conforme a los principios del Estado de derecho. Mientras tanto, Yoon y 23 coacusados, entre ellos altos funcionarios de su administración, enfrentan graves cargos que podrían alterar el panorama político del país.
