Tras ser la primera comunidad donde Vox participó en un gobierno autonómico, Castilla y León vuelve a ser un punto clave en la estrategia de Santiago Abascal. La convocatoria electoral, que debe celebrarse como máximo el 15 de marzo, se produce en un momento complicado para la formación: no cuenta con un líder regional firme, ha tenido recientes tensiones internas y las encuestas indican un retroceso respecto a su máximo histórico en 2022.
En los comicios de aquel año, Vox alcanzó un 17,6% de los votos, lo que obligó al presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a compartir el poder. Este modelo, novedoso entonces, se replicó en otras regiones, pero se rompió en el verano de 2024 cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos debido a desacuerdos con el PP sobre política migratoria.
A nivel estatal, la salida de estos gobiernos refirmó el discurso de Vox, pero en Castilla y León el impacto ha sido contrario. Según la última encuesta publicada en junio, la intención de voto para Vox ha caído al 13,2%, más de cuatro puntos menos que hace tres años.
La marcha de Juan García-Gallardo, quien fue una de las figuras más visibles desde la vicepresidencia de la Junta, ha dejado un vacío en el liderazgo regional. Entre los posibles sucesores se mencionan a Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, portavoz en el Parlamento de la comunidad.
Además, la formación llega en una posición más débil institucionalmente: dos de sus procuradores fueron expulsados tras confrontaciones con la dirección nacional y otros miembros abandonaron el partido tras la ruptura con el PP. Actualmente, Vox cuenta con 11 diputados autonómicos frente a los 13 iniciales del comienzo de la legislatura.
A pesar de esta situación de inestabilidad, en Vox mantienen la esperanza de volver a influir decisivamente. Argumentan que aunque la marca regional esté debilitada, el liderazgo de Abascal y el desgaste que sufre el PP en la administración autonómica podrían situarlos nuevamente como pieza clave para la formación de gobierno.
