Este jueves, el empresario Víctor de Aldama compareció ante la Audiencia Nacional dentro de la investigación sobre un fraude millonario en el IVA relacionado con hidrocarburos de la compañía Villafuel, que alcanzaría los 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024.
De Aldama fue arrestado el 7 de octubre de 2024 y permaneció un mes en prisión preventiva junto a Claudio Rivas, propietario de Villafuel, hasta que fue liberado tras comprometerse a colaborar con la justicia en el caso Koldo. Este último enfrenta una pena de siete años de cárcel y su juicio está pendiente en el Tribunal Supremo.
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La declaración de De Aldama tuvo lugar después de que Rivas informara al juez Santiago Pedraz que no testificaría hasta que todos los imputados y testigos relacionados con esta fase del proceso fueran citados. Además, el miércoles declaró como testigo Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien corroboró haberse reunido con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que dichos encuentros estuvieran vinculados a la obtención de la licencia para operar con Villafuel.
En su primera comparecencia tras la detención, De Aldama negó cualquier relación con Villafuel, aunque describió a Rivas como un socio y amigo personal, y consideró como “una broma” supuestos vínculos con la empresa. Según la Unidad Central Operativa (UCO), la presunta red encabezada por De Aldama intentó que Villafuel obtuviera la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, licencia que se concedió el 12 de septiembre de 2022 al comprobar que cumplía con los requisitos financieros.
Además de De Aldama, están citados a declarar como testigos Manuel Hernández García, quien presuntamente intercambió mensajes con Aldama en marzo de 2021 antes de que se negara una autorización, y Manuel S., empresario señalado como intermediario en la compra de un inmueble vinculado a Ábalos y relacionado con la operadora Gaslow. Esta última es propiedad de Rivas y también investiga otro fraude de IVA en hidrocarburos.
La instrucción del caso sigue abierta en la Audiencia Nacional, donde se aguardan nuevas declaraciones que puedan aclarar la compleja trama que involucra fraude fiscal y posibles influencias políticas en el sector energético.
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