La organización Dignidad y Justicia solicita al Partido Popular que promueva una Propuesta de Ley destinada a igualar la protección legal, sancionar la glorificación de ETA y establecer la imprescriptibilidad de los delitos terroristas.
Dignidad y Justicia, con Daniel Portero al frente, denuncia una supuesta «discriminación» ejercida por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia las víctimas del terrorismo en comparación con las protegidas por la legislación de Memoria Democrática. Por ello, exige una equiparación legal total que evite que las víctimas de ETA sean consideradas como de menor categoría.
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Ante la falta de apoyo del PSOE y sus aliados, la asociación ha presentado al Partido Popular un borrador con medidas para corregir esta situación que califican de humillante para el colectivo.
Requisitos esenciales para la equiparación
La propuesta de Dignidad y Justicia pretende reformar la Ley 29/2011, que reconoce y protege integralmente a las víctimas del terrorismo, incorporando las mismas herramientas legales que la Ley de Memoria Democrática, incluyendo:
- Imprescriptibilidad de crímenes: Que los ataques terroristas sean considerados delitos de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles, conforme a lo establecido por la Audiencia Nacional.
- Régimen sancionador: Que las personas que ensalzan el terrorismo y menosprecian a las víctimas de ETA reciban multas de hasta 150.000 euros por infracciones graves, similar al castigo aplicado a quienes glorifican el franquismo.
- Mecanismos judiciales: Crear una Fiscalía especializada (Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo) encargada de investigar violaciones al Derecho internacional y promover la localización de las víctimas.
- Retroactividad y no amnistiables: Permitir que la legislación sobre víctimas del terrorismo se aplique retroactivamente y que los delitos sean considerados no amnistiables, características presentes en la Ley de Memoria. Dignidad y Justicia recuerda que aún permanecen sin resolver 376 asesinatos cometidos por ETA.
- Capacidad ejecutiva: Modificar el artículo 61 de la Ley de Víctimas para otorgar a los delegados del Gobierno facultades reales para actuar administrativamente contra el enaltecimiento.
Acusaciones de parcialidad y carencia de voluntad política
Daniel Portero subraya que cuando un Ejecutivo elabora una ley de memoria para reconocer a ciertos colectivos de víctimas y relega a otros, se evidencia una posición sectaria.
El documento remarca que la sociedad tiene una obligación ética y moral de proporcionar una protección integral a las víctimas, lo que conlleva adoptar medidas que eliminen los actos que glorifican el terrorismo y que contribuyan a deslegitimar por completo la narrativa terrorista.
El objetivo es favorecer que el relato de las víctimas prevalezca sobre el de ETA, organización que causó la muerte de 858 personas inocentes, un sacrificio por el que España mantiene una deuda permanente.
