Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fue arrestado ayer junto a Leire Díez por supuestas irregularidades en contratos. Fernández era considerado una persona cercana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según datos oficiales, su salario anual bruto alcanzaba aproximadamente los 220.000 euros, situándose entre los más altos de la entidad pública. Aunque renunció a su cargo en 2019 tras ser imputado en el Caso Aznalcóllar, del que fue absuelto recientemente, su salida dejó un periodo sin sustituto durante dieciséis meses.
La detención de Fernández pone en la mira la gestión que tuvo al frente de la SEPI y su estrecha vinculación con la ministra Montero, que también ejerce como vicepresidenta del Gobierno.
Remuneración de 220.000 euros y relación con Montero
Los registros oficiales de la SEPI indican que Vicente Fernández, quien asumió la presidencia en junio de 2018, percibía un salario bruto anual en torno a los 220.000 euros, una cantidad elevada en el ámbito público. Fue incorporado a Madrid por decisión de María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, donde Fernández ocupaba el puesto de Interventor General. Esta conexión ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que la interpreta como un reconocimiento a su trayectoria.
Renuncia tras imputación y ausencia de sustituto durante 16 meses
En octubre de 2019, Fernández presentó su dimisión tras ser imputado por el supuesto amaño en la adjudicación relacionada con el Caso Aznalcóllar.
A pesar de esta renuncia, Montero no designó un nuevo presidente inmediatamente, dejando el cargo vacante durante dieciséis meses, hasta marzo de 2021. Se especula que esta decisión obedeció a la intención de conservar el puesto para Fernández hasta que fuera exonerado. La demora generó críticas de la oposición, que solicitó la comparecencia de la ministra para aclarar el asunto.
Este arresto se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Sevilla absolviera a Fernández y a otros 15 acusados en el Caso Aznalcóllar, declarando infundadas las acusaciones.
Parálisis en el fondo de rescate y cambio de liderazgo
Durante el periodo sin un liderazgo efectivo, la SEPI fue la entidad encargada por el Gobierno para gestionar el Fondo de Rescate de 10.000 millones de euros destinado a empresas afectadas por la crisis generada por la COVID-19. Sin embargo, ocho meses después de su creación solo se había aprobado un préstamo, otorgado a Air Europa, operación que ahora está bajo investigación en el Tribunal Supremo por posibles presiones políticas.
Finalmente, en marzo de 2021, Montero nombró a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI. Gualda, ingeniera con experiencia en Navantia, también tiene vínculos con Montero desde su etapa en la Junta de Andalucía, donde fue directora de la Agencia de Obra Pública.
