La Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, ha sancionado una ley destinada a proteger el comercio marítimo y la navegación frente a lo que señala como «piratería» y bloqueos aplicados por Estados Unidos contra embarcaciones petroleras sujetas a sanciones.
Esta normativa establece penas de prisión de 15 a 20 años para quienes participen en dichas prácticas. La ley busca resguardar las actividades económicas nacionales y se extiende a cualquier entidad que mantenga relaciones comerciales con el gobierno venezolano.
De acuerdo con el artículo 13, cualquier persona que promueva, instigue, solicite, apoye, facilite, respalde, financie o tome parte en actos de piratería, bloqueo u otras conductas ilegales internacionales será sancionada con una condena de prisión significativa. Esta medida aplica tanto a individuos como a personas jurídicas involucradas en operaciones comerciales con Venezuela.
Asimismo, quienes resulten condenados pueden enfrentarse a la confiscación de sus bienes conforme a la «Ley de Extinción de Dominio», la cual faculta al Estado para apropiarse de propiedades vinculadas a actividades ilícitas.
La legislación también hace referencia a «otros delitos internacionales» y se origina como respuesta a recientes acciones de EE.UU. contra el transporte del petróleo venezolano. En las últimas semanas, la Guardia Costera estadounidense ha retenido varias embarcaciones que trasladaban crudo venezolano, aumentando la presión sobre la industria petrolera local.
Estas medidas han impactado duramente a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que enfrenta sanciones desde 2019 por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. Las restricciones han mermado considerablemente su capacidad para exportar y operar de manera eficiente, ocasionando una reducción en su producción.
Giuseppe Alessandrello, diputado y uno de los impulsores de la ley, afirmó que el objetivo es «proteger la relación comercial de los venezolanos» y contrarrestar acciones que considera depredadoras por parte del gobierno estadounidense en el mar. Alessandrello mencionó que la norma se fundamenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y en la Carta de las Naciones Unidas.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas adicionales de bloqueo contra embarcaciones petroleras sancionadas que intenten ingresar o salir de Venezuela, lo que representa un incremento en la presión sobre la administración de Maduro. Trump destacó la necesidad de que la comunidad internacional actúe para restablecer la democracia en Venezuela.
El presidente venezolano ha calificado estas acciones como un intento de socavar su gobierno y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular el petróleo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, criticó a miembros de la oposición, señalándolos de colaborar con el imperialismo estadounidense.
El ambiente político en Venezuela continúa siendo tenso. Esta nueva ley podría intensificar la confrontación entre el gobierno chavista y sus opositores, además de generar nuevas complejidades legales a nivel nacional e internacional.
