La reciente llegada del destructor estadounidense USS Gravely a las proximidades de Trinidad y Tobago ha generado preocupación en el Gobierno venezolano, que señala a Washington de planificar un “autoataque” para responsabilizar a Venezuela y respaldar una posible intervención militar.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se trata de “una provocación mediante acciones de falsa bandera, con la intención de atacar instalaciones o equipamiento militar estadounidense para culpar a Venezuela”. Por su parte, el ministro de Exteriores Yván Gil comparó esta situación con eventos históricos como el hundimiento del USS Maine en 1898 y el incidente del Golfo de Tonkin en 1964.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe sur incluye, además del portaaviones Gerald Ford, siete buques de guerra, un submarino, unidades de helicópteros de élite, cazas F-35B y drones MQ-9 con base en Puerto Rico. Según el Ejecutivo venezolano, esta información fue proporcionada por un grupo de mercenarios vinculados a la CIA, cuya actividad fue autorizada recientemente por el expresidente Donald Trump.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, advirtió que “la guerra suele ir precedida de desinformación, manipulación y falsedades”, y afirmó que Venezuela defenderá su soberanía “sin vacilaciones”.
Simultáneamente, Caracas ha amenazado con adoptar medidas económicas: Rodríguez anunció la suspensión de los acuerdos de suministro de gas con Trinidad y Tobago, acusando a ese país caribeño de alinearse con la “agenda bélica de Estados Unidos para agredir a Venezuela y Colombia”.
Esta tensión ocurre mientras tropas estadounidenses realizan ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses, que según el gobierno local forman parte de maniobras previstas desde hace meses para combatir redes de narcotráfico. Trinidad y Tobago mantiene un estado de emergencia debido a la inseguridad, tras registrar en 2024 el año más violento de su historia reciente, con 620 homicidios en una población de 1,3 millones.
