El 3 de marzo de este año se produjo un grave accidente en El Bocal, una zona costera de Santander, cuando una pasarela cedió, arrastrando a siete jóvenes que estaban presentes. Este episodio ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto en evidencia la importancia de la seguridad en infraestructuras públicas.
Los afectados eran estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras y no lograron escapar del desplome ocurrido a las cuatro de la tarde. La única persona que sobrevivió, Ainara Rodríguez, logró sostenerse en las rocas mientras se llevaban a cabo las labores de rescate. Sus compañeros Lluna Vallejo, Celia Lage, Lucía San Martín, Xabier Bayón y Eunate Hervás fallecieron en el accidente. Por otra parte, Elena Sirbu fue reportada como desaparecida y fue hallada sin vida casi dos días después.
Este incidente motivó una rápida búsqueda de responsabilidades sobre la seguridad de la pasarela. Un vecino había alertado al 112 sobre el estado en que se encontraba la estructura un día antes, pero la Policía Local no llevó a cabo las acciones pertinentes tras recibir esa información. La ausencia de reacción ante estas advertencias ha generado dudas y cierto grado de desconfianza hacia las autoridades locales.
Como resultado, surgieron discrepancias entre el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Ambas entidades se atribuyen la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela y otros componentes de la senda costera, complicando el esclarecimiento de los hechos.
Las investigaciones indicaron que la pasarela, financiada y construida por la entidad estatal, llevaba un tiempo sin estar completamente terminada, a pesar de la presión ejercida desde la comunidad local. La jueza que dirige el caso ha determinado que la conservación de la estructura corresponde a Costas, aunque también ha recordado al ayuntamiento su deber de garantizar la seguridad de cualquier instalación en su jurisdicción.
Actualmente, cuatro personas están siendo investigadas. Entre ellas, dos responsables de la Demarcación de Costas, la trabajadora del 112 que no actuó adecuadamente al recibir la alerta y un agente de la Policía Local que, a pesar de disponer de la misma información, no tomó las medidas necesarias. Hasta ahora, dos de los investigados han declarado, al igual que varios testigos del suceso.
El proceso judicial sigue su curso, mientras la comunidad continúa exigiendo respuestas sobre cómo ocurrió esta tragedia. Además, se han intensificado las preocupaciones respecto a la seguridad de otras infraestructuras en la zona, afectando la percepción pública sobre la gestión del riesgo y el mantenimiento de los bienes públicos en la ciudad.
A medida que pasan las semanas desde el accidente, la memoria de los jóvenes fallecidos y la búsqueda de justicia permanecen presentes en la sociedad, que espera que se implementen medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
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